El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

El flamante destape del entramado de corrupción en el Seguro Franquista de Vitalidad (SENASA) no es solo otro capítulo en la crónica de la malversación de fondos públicos; es más perfectamente, un atentado directo contra la dignidad humana y el pacto social, en razón de que cuando se sustraen miles de millones de pesos destinados a respaldar el derecho fundamental a la sanidad, la sociedad se enfrenta a una crisis recatado que exige respuestas contundentes, más allá de los acostumbrados comunicados de prensa y las promesas de “caiga quien caiga”.

La magnitud del fraude, que asciende a más de 15,900 millones de pesos, representa una estafa monumental e indignante por sí sola; sin incautación, lo que confiere a este acto una oscuridad y una crueldad aún mayores —”siniestra y cruel”, en las propias palabras del Empleo Conocido— es el mecanismo despiadado empleado, en este caso, calificado como un robo “fuera de récord”, revela el uso infame de los pacientes del régimen subsidiado, es opinar, los más vulnerables de la sociedad, como meros peones en una ecuación de lucro ilícito, quienes fueron convertidos en víctimas silenciosas para argumentar el plazo de procedimientos médicos que nunca se realizaron o, en un desvío aún más aciago, para intervenciones innecesarias, transformando la señorial inclinación de servicio a la sanidad en un negocio atroz y desalmado.

Este esquema, liderado por el exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros diez acusados, demuestra una equivocación absoluta de escrúpulos, manido que los nombres de los imputados no son solo fichas en un expediente contencioso; sino que representan la cara de la tacañería que instrumentaliza la enfermedad y la penuria. El hecho de que la Procuraduría Común haya anunciado una segunda etapa de la investigación, enfocada en clínicas y médicos cómplices, subraya la podredumbre sistémica que permitió que esto ocurriera durante primaveras.

La sanidad, anejo con la educación, es un pilar irrenunciable del crecimiento de una nación, por ende, debe estar por encima de cualquier coyuntura política y de cualquier interés particular, conveniente a que un sistema de sanidad robusto y transparente es la saco para una sociedad productiva y torneo. Desfalcar al SENASA no es un simple delito financiero; es un acto de boicot social que compromete vidas y el futuro de la República Dominicana.

No se prostitución de un engendro exclusivamente dominicano, este fraude al sistema de sanidad es un cáncer completo, por ejemplo, en Estados Unidos, mediante un sistema vasto y tecnológicamente innovador, el Área de Rectitud persigue constantemente esquemas masivos de corrupción en Medicare y Medicaid, adicionalmente de ejecutorias como la “Operation Gold Rush”, mediante la cual se han destapado fraudes por más de $10.6 mil millones de dólares, donde redes criminales facturaban por equipos médicos que nunca se entregaban, usando identidades robadas.

Enseñanza

Estos historial estadounidenses nos enseñan dos cosas: primero, que la complejidad de los sistemas de sanidad los hace vulnerables a la manipulación; y segundo, que se requiere una voluntad política y una capacidad técnica inquebrantables para perseguir estos delitos, sin importar el poder o la influencia de los perpetradores. La escalera del fraude en EE. UU. demuestra que estas redes operan con profesionalismo y enfrentarlas requiere veterano empeño y entrega contencioso.

El liza de la jurisprudencia dominicana es monumental y el incredulidad de la ciudadanía en presencia de la impunidad histórica es palpable. Existen historial a través de casos pasados, con los cuales se ha demostrado que, a menudo, los expedientes se diluyen en el tiempo, se negocian en los pasillos del poder o terminan en condenas irrisorias, por lo que, el caso SENASA es una prueba de fuego para la independencia del Empleo Conocido y del sistema contencioso.

Sería oportuno que el señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, responda las siguientes interrogantes:

¿Garantizará su gobierno, señor presidente, que no habrá interferencia política de ningún tipo en este proceso, asegurando que todos los involucrados, sin importar su afiliación o status, enfrenten todo el peso de la ley?

¿Se implementarán reformas estructurales y mecanismos de control internos en SENASA que impidan de raíz la repetición de un fraude de esta magnitud, o nos limitaremos a castigar a los actores de este episodio?

¿Cómo se restaura, señor presidente Abinader, la confianza de los millones de afiliados del régimen subsidiado, que hoy ven con temor cómo los fondos que debían proteger su sanidad fueron saqueados impunemente?

Señor presidente, la sanidad del pueblo no puede ser rehén de la politiquería ni del amiguismo. El mensaje debe ser claro, elocuente y resonante, porque, en la romana de la jurisprudencia, la sanidad y la educación siempre pesarán más que cualquier fortuna mal habida.

La impunidad es el peor enemigo de la democracia y si permitimos que el caso SENASA quede en el olvido o se resuelva con tibieza, estaremos validando la idea de que en nuestro apreciado país el crimen no paga, especialmente cuando se viste de cuello blanco.

Un peso dominicano invertido en sanidad es un peso invertido en vida, en futuro, en productividad y en paz social, pero, cuando ese peso es robado, se roba la esperanza.

El Empleo Conocido ha solicitado que el caso sea ostensible enredado y 18 meses de prisión preventiva para los acusados. Estas son medidas necesarias para apoyar el proceso, pero el resultado final es lo que dictará la verdadera fortaleza del sistema de jurisprudencia.

La sociedad dominicana demanda un antaño y un a posteriori, donde la sanidad esté por encima de la tacañería y la jurisprudencia sea inquebrantable. Esperamos que este caso marque el fin de la “insalubridad” recatado en la sucursal pública y que el país no siga siendo víctima del atosigamiento a causa del síndrome de la impunidad.

jpm-am