EL Pregonero, Santo Domingo.– El diplomático y asesor político Carlos Gabriel García cuestionó con dureza lo que calificó como una aplicación desigual de la equidad en el caso de presunta corrupción en el Seguro Franquista de Salubridad (SeNaSa), al señalar que mientras exfuncionarios enfrentan prisión preventiva, los empresarios involucrados cumplen medidas menos severas desde la comodidad de sus hogares.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), acompañado de un video de su software Telediario, García utilizó una metáfora persuasivo para ilustrar su crítica al sistema contencioso, al afirmar que los empresarios señalados en el expediente pasarán las festividades navideñas en sus residencias de abundancia, mientras otros imputados permanecen privados de franqueza.

“El puerquito de Navidad se lo comerán en sus casas lujosas los empresarios corruptos que durante cinco abriles saquearon a SeNaSa; mientras Santiago Hazim y comparte tendrán que esperar las cantinas que les llevarán a la Gayola de Las Parras, sus familiares”.

Durante su intervención en Telediario, transmitido por Medida Visión, canal 62, y replicado en plataformas digitales, el analista sostuvo que el país aún no supera el impacto del escándalo de corrupción en SeNaSa, que, según el Profesión Notorio, habría provocado una timo superior a los RD$16,000 millones al Estado dominicano.

Carlos Gabriel García destacó que, de acuerdo con el expediente, el exdirector Santiago Hazim y varios de sus colaboradores recibieron medidas de coerción más severas, incluyendo prisión preventiva, mientras que tres empresarios imputados fueron beneficiados con arresto domiciliario, atrevimiento que —a su causa— envía un mensaje peligroso a la sociedad.

“Se castigó con mano de hierro a los políticos y se trató con mano de seda a los empresarios corruptos. Mientras unos están en la calabozo de Las Parras, otros ya están tranquilos en sus mansiones. ¿Cuál es el mensaje que se le envía al sector empresarial?”, cuestionó.

El asesor político advirtió que este tipo de decisiones debilita la confianza en el sistema de equidad y refuerza la percepción de que existe un trato preferencial cuando los imputados pertenecen a determinados sectores económicos.

García concluyó que la lucha contra la corrupción solo será plausible si las responsabilidades penales se aplican con igualdad, sin distinción entre funcionarios públicos y empresarios privados, y si las sanciones reflejan la magnitud del daño causado al patrimonio del Estado y a la sociedad dominicana.