Por Jaime Rincón

Hay gavetas que no cierran porque están viejas.

Otras no cierran porque están mal hechas.

Pero hay algunas que no cierran porque las forzaron, las reventaron y las dejaron inservibles.

Eso zaguero es lo que hoy representa SeNaSa, a la luz de sus estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2024 y del proceso penal que cursa en los tribunales de la República.

Ya no se alcahuetería solo de números rojos ni de una mala destello administrativa. Se alcahuetería de hechos concretos. En 2023, SeNaSa cerró con ganancias por RD$ 540 millones. Un año posteriormente, en 2024, reportó pérdidas por RD$ 8,331 millones. El brinco no es pequeño: es un desplome financiero de más de RD$ 8,800 millones en casi nada doce meses.

En paralelo, el Profesión Conocido acusó formalmente al exdirector de SeNaSa, el doctor Santiago Hazim, de desfalcar la institución, y lo hizo frente a los tribunales y frente al país. No es un comentario de redes ni una especulación política: es una recriminación penal presentada por el víscera constitucional encargado de perseguir el delito.

Cuando esa recriminación se coloca próximo a los números oficiales, el cuadro es sencillamente devastador.

SeNaSa arrastra pérdidas acumuladas superiores a RD$ 14,538 millones, lo que se traduce en patrimonio pesimista, una condición que en cualquier entidad seria activa todas las alarmas. Adicionalmente, los pasivos totales superan los RD$ 22,322 millones, una sigla que triplica con creces la del año precursor.

Pero el nota más tranquilo no está en una celda contable, sino en la vida efectivo: SeNaSa adeuda cerca de de RD$ 20,159 millones a clínicas, médicos, laboratorios y farmacias. Prestadores de servicios de sanidad que han tenido que proceder como financiadores forzosos del Estado, esperando pagos que no llegan y absorbiendo déficits que no provocaron.

Eso no es eficiencia social. Eso es trasladar el colapso financiero a todo el sistema de sanidad.

Durante primaveras se quiso entregar a SeNaSa como un maniquí intocable, protegido por un discurso social que parecía colocarlo por encima de cualquier cuestionamiento. Pero los números no hacen ideología. Y los expedientes judiciales siquiera.

El Profesión Conocido sostiene que hubo desfalco. Y mientras esa recriminación se ventila en los tribunales, lo que sí está fuera de discusión es el daño causado. Cuando una institución pública pasa de ganancias a pérdidas millonarias, acumula deudas impagables y deja sin solvencia a quienes sostienen el sistema, la discusión deja de ser administrativa y se convierte en institucional y penal.

La responsabilidad de una trámite pública no se mide por la retórica ni por los aplausos. Se mide por los resultados. Y cuando los resultados son este nivel de estropicio financiero, no hay discurso que lo maquille.

Si los tribunales confirman lo que el Profesión Conocido acusa, la gayola no sería una injusticia ni una exageración. Sería, incluso, un castigo insuficiente frente al daño estructural causado a una entidad que administra fortuna destinados a la sanidad de millones de dominicanos.

Porque quien juega con fondos públicos de sanidad no comete un simple error técnico.

Juega con vidas.

Con hospitales.

Con tratamientos.

Con la estabilidad del sistema.

A SeNaSa no se le desordenaron los papeles.

A SeNaSa le dieron como compartimento que no cierra.

Y ahora le corresponde a la jurisprudencia determinar quién la forzó, cómo la forzó y por qué.

El país merece respuestas.

Y, sobre todo, consecuencias.