Por Danylsa Vargas

Más de la porción de los trabajadores dominicanos operan fuera del sistema formal, sin seguridad social ni derechos básicos, lo que frena el incremento del país y condena a generaciones a la vulnerabilidad.

Según datos de la Oficina Franquista de Estadística (ONE) e informes de la Ordenamiento Internacional del Trabajo (OIT) queda claro que la informalidad profesional en la República Dominicana no es una excepción momentánea, hablamos de un aberración estructural.

Por ejemplo, en 2024 se estimó que la tasa de empleo informal rondó el 54.8 % de la población ocupada. En 2025, datos preliminares del Sotabanco Central de la República Dominicana (BCRD) sitúan la informalidad en 53.4 %, su nivel más bajo registrado, pero aún altísimo.

Los factores que alimentan la informalidad en el país señalan:

Trabas regulatorias y de formalización: Iniciar una empresa, registrar actividades, cumplir con requerimientos formales muchas veces tienen costos elevados o procedimientos poco ágiles.

Crematística de subsistencia: Muchas personas trabajan por pobreza, en pequeñas actividades sin otra opción.

Civilización empresarial y de trabajo informal que se normaliza: un comerciante ambulante, un taller “en casa”, un empleo sin anuencia, todos generan ingresos, pero sin la formalización que permite crecimiento.

Esto reduce la capacidad del Estado de recibir de forma sostenible, lo que dificulta financiar vigor, educación, infraestructura, entre otras.

La informalidad profesional no es un “mal beocio”. Es una taller de pobreza para individuos, familias y el país. Cada vez que permitimos que más de la porción del empleo esté al ganancia de la formalidad, estamos aceptando que gran parte de la población viva sin derechos y sin futuro. Es hora de que los actores, gobierno, sector privado, sociedad civil, dejen de verlo como inevitabilidad y lo vean como un problema estructural que exige reforma estructural.