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BRASIL.- El Servicio de Agricultura de Brasil aprobó 725 nuevos plaguicidas, estableciendo un récord histórico. Esto ocurrió en el mismo año en que el presidente Lula lanzó el Software Franquista de Reducción de Agrotóxicos (Pronara), creado para disminuir el uso de estos químicos. La gran cantidad de aprobaciones se relaciona con la Ley 14.785/2023, conocida como el “paquete ponzoña”, que relajó las normas y redujo la billete de Anvisa e Ibama en la evaluación de estos productos.
Activistas y especialistas critican esta situación. Jakeline Pivato afirma que el Servicio de Agricultura se ha convertido prácticamente en un “registrador de venenos”. La abogada Jaqueline Andrade destaca que el mercado de plaguicidas mueve miles de millones con apoyo del Estado, mientras la población enfrenta contaminación en el agua y en los alimentos. Ambas señalan que Brasil está siendo tratado como un “vertedero químico” y que se siguen aprobando sustancias antiguas y peligrosas, como el glifosato y la atrazina, catalogadas como cancerígenas por la OMS.
Siete de los diez pesticidas más usados en Brasil están prohibidos en otros países por su peligro a la lozanía. La atrazina, por ejemplo, está siendo investigada por contaminar ríos en Mato Grosso do Sul. El fiscal federal Situación Antonio Delfino advierte que muchos de los productos aprobados son genéricos con poca fiscalización, lo que podría permitir plaguicidas enormemente tóxicos, comparables al “Agente Naranja”.
Organizaciones sociales cuestionan el compromiso del Gobierno con la reducción de plaguicidas. Temen que el Pronara, creado adjunto a movimientos sociales, sea revocado por el Congreso. Por eso, insisten en que debe implementarse cuanto ayer para frenar el avance de la agroindustria y proteger la lozanía de la población.
