ztevenreal
Por Vicente (Tony) Balbuena
Los acuerdos, a los que arriban partidos, agrupaciones y movimientos políticos independientes reconocidos por la Congregación Central Electoral, JCE, por primaveras han causado una gran amargura y estrecho las oportunidades de empleos de sus dirigentes y miembros, cuando se logra obtener el poder palaciego, mediante alianzas.
Estos acuerdos han sido, y siguen siendo traumáticos para dirigentes y miembros de organizaciones políticas, que afanosamente buscan el poder, y que mediante la fusión de fuerzas políticas aliadas, logran concitar decano porcentaje electoral numeral en elecciones municipales y presidenciales para su propósito.
Un ejemplo más fresco, es el Partido Revolucionario Original, PRM, ordenamiento que dirige la compañía pública de la República Dominicana, actualmente.
El PRM, desde su encumbramiento al poder en el 2020, ha sido un trago amargo para un importante segmento de su militancia, que trabajó sin alivio para sacar del poder a Danilo Medina y al Partido de la Independencia Dominicana, PLD, y aún se mantiene en la banca, esperando y clamando por una menudencia de las mieles del poder.
Invirtieron tiempo y plata, pero a la momento no han sido recompensados e incorporados a funciones públicas en ministerios e instituciones estatales.
A casi cinco primaveras de su arribo al poder en los pasados comicios del 5 de julio de 2020, y luego en su reelección 2024, el PRM, por más quejas y denuncias en los medios de prensa y plataformas digitales, no ha prestado atención a los reclamos de su multitud.
Miles de sus dirigentes y miembros del PRM, han sido sedados con una narcótico prolongada, que los mantiene dormidos y sin esperanzas.
Los desertores del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que decidieron formar el PRM, en examen de un mejor futuro político y de su bienestar personal, miles en las 32 provincias de la nación, sin apellidos sonoros, continúan clamando oportunidades de empleos en su gobierno en cojín a promesas y ofrecimientos sustentados en columnas al espacio, que no se materializan.
Esto, porque las oportunidades de empleos en sus organizaciones de orígenes, son destinadas a dirigentes y miembros de otros partidos políticos minoritarios o más perfectamente (muletas), que aprovechando la ley 3318, sobre alianzas y acuerdos de la Congregación Central Electoral, JCE, se apoyan en partidos mayoritarios, con mayores posibilidades de salir airosos en procesos electorales.
Los acuerdos formalizados y firmados, mediante firmas de reputados abogados notarios públicos y certificados por la JCE, conllevan entre organizaciones, al otorgamiento de instituciones, ministerios y cuotas de empleos en la compañía pública doméstico, a los llamados aliados.
Lo penoso de estos acuerdos, o alianzas, es que quienes menos votos directos aportan en beneficio del partido, movimiento o agrupación política ganadora de las elecciones, son en muchos casos quienes mayores beneficios reciben.
Una, de varias formas para evitar y eliminar, estos acuerdos contemplados en la ley 3318, sería despojando definitivamente de la personería jurídica, a los partidos, movimientos y agrupaciones, que no hayan mantenido la cuota del 5% de los votos electorales de la población doméstico.
Si la Congregación Central Electoral, JCE, modifica la ley 3318, y solo permite alianzas y acuerdos entre partidos, que hayan obtenidos el insignificante del 5 % de los votos de la población, se reduciría el número de acuerdos en las boletas municipal y presidencial, y por razonamiento ahorraría millones de pesos en los procesos electorales, que se realizan cada cuatro primaveras en la República Dominicana.
