En una ataque orientada a recuperar el vaivén del mercado formal y frenar la competencia desleal, la Dirección Normal de Migración (DGM) y la Dirección Normal de Aduanas (DGA) han redoblado sus fiscalizaciones a establecimientos comerciales vinculados a irregularidades migratorias y tributarias, especialmente aquellos operados o abastecidos por ciudadanos extranjeros.

La DGM anunció sanciones económicas para los comercios que empleen mano de obra extranjera sin status migratorio admitido, en aplicación del artículo 132 de la Ley Normal de Migración No. 285-04, que establece multas de entre cinco (5) y treinta (30) salarios mínimos del sector notorio.

Las inspecciones recientes en el Gran Santo Domingo derivaron en la detención de 92 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, y se advierte que los operativos se extenderán a nivel doméstico.

Estas acciones buscan corregir distorsiones en el mercado mano de obradonde el empleo irregular de extranjeros se traduce en menores costos para ciertos negocios, pero a gastos de los derechos laborales, la cuestación fiscal y la equidad competitiva.

Software de fiscalización a posteriori

Paralelamente, la DGA mantiene su software de fiscalización a posteriori centrado en comercios chino que importan mercancías para el hogar y ferretería. Solo la semana pasada fueron auditados cinco establecimientos en Santo Domingo y Santiago, tras identificar discrepancias en sus operaciones aduaneras y tributarias.

Las auditorías se amparan en la Ley de Aduanas No. 168-21, que permitir revisar transacciones de hasta tres abriles a espaldas.

Las autoridades económicas sostienen que estas medidas buscan frenar la esparcimiento de impuestos, recuperar ingresos para el Estado y certificar que todos los actores económicos operen bajo las mismas reglas. A su vez, se intenta proteger a los comercios formales y evitar la rozamiento del sistema de seguridad social derivada de la informalidad mano de obra.

La DGM y la DGA reiteraron su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho crematísticocomo almohadilla para una capital más competitiva, ordenada e inclusiva.