“No estamos conformes con la atrevimiento”, dijo la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, con relación a la medida de coerción impuesta a cuatro de las implicadas en el caso Stephora Anne-Mircie Josephla pupila de 11 abriles fallecida durante una excursión escolar.

En ese sentido, Diná, responsable de la Dirección Franquista de Niños, Niñas, Adolescentes y Tribu (Dinnaf), informó que el Profesión Conocido presentará un arbitrio de apelación en rechazo a la atrevimiento del tribunal, que aplicó medidas de coerción a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, imputadas por el homicidio involuntario de la beocio en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso una señal económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres de las imputadas: Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

En tanto, ordenó privilegio sin medidas de coerción para Gisela Altagracia de las Mercedes González Fortuna, coordinadora universal y asesora del equipo directivo.

No obstante, el Profesión Conocido había solicitado medidas más estrictas, que incluían una señal económica de 50 millones de pesos por cada imputada, impedimento de salida del país, presentación periódica y colocación de localizadores electrónicos, argumentando que estas son las más idóneas y proporcionales a los hechos imputados.

El caso fue calificado como homicidio involuntariode acuerdo al artículo 319 del Código Penal dominicano, así como deserción y maltrato de niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del Código Penal, y incluso se aplican disposiciones del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según las investigaciones, la asesinato de Stephora se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos. El Profesión Conocido indica que los 87 niños fueron movilizados con solo tres cuidadoras, sin medidas de seguridad, sin guindola ni chalecos, y sin comprobar si los niños sabían nadar, evidenciando negligencia extrema durante la excursión.

Adyacente a Llaverías, estuvieron en la sala de audiencias la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.

Abogados de la grupo exigen equidad

Los abogados de la grupo de Stephora presentaron una querella ampliada para incluir a siete personas más en el proceso procesal, entre ellas representantes del Instituto Integral y del Leonardo Da Vinci. Señalaron que la solicitud de medidas de coerción para estas personas fue inicialmente declinada, y que el caso fue remitido al magistrado coordinador para fijar momento y hora en que se puedan conocer y arriesgarse las medidas de coerción correspondientes.

Según los abogados, estas personas tienen incidencia directa en la asesinato de Stephoray desde el inicio operó un protocolo de encubrimiento y protección en valenza del colegio. Afirmaron que buscan un proceso transparente, en el que quien tenga responsabilidad responda, y quien no la tenga no deba contestar, garantizando que se haga equidad.

Entre los nuevos incluidos en el expediente se encuentran la Asociación Leonardo Da Vinci Incorporado, su presidente Eduardo Rafael Esteves Bret, el director culto Freddy N., así como la Hacienda Los Caballos SRL y sus responsables: Pedro Pablo Mu Puntiel, encargado, Víctor Manuel Muñoz, propietario, y Dominga Blanco Muñoz, incluso propietaria.

Los abogados informaron que están solicitando prisión preventiva para estas personas, así como otras medidas de coerción según corresponda a cada caso, enfatizando que no buscan excesos, sino un tratamiento igualitario y que se haga equidad.

Reiteraron que continuarán insistiendo en la inclusión de todos los responsables en el proceso y en ganar equidad por Stephora Anne-Mircie Joseph.