Hoy el nombre en el centro del huracán es Santiago Hazim, exdirector del SENASA, arrestado tras más de cinco horas de interrogatorio por su presunta vinculación en uno de los fraudes más graves cometidos contra el sistema de salubridad pública.

Pero este caso no empieza con el arresto. Empieza mucho ayer, cuando desde distintos sectores comenzaron a surgir denuncias sobre cobros fraudulentos, procedimientos médicos inexistentes, afiliados usados sin su conocimiento y un manejo chupatintas que, según la investigación, dejó brechas suficientes para que un reunión hiciera fiesta con el billete destinado al bienestar váter de millones de dominicanos.

SENASA no es una institución cualquiera.

Es el seguro del pueblo: de la señora que madruga para dializarse, del envejeciente que lucha por entrar a sus medicamentos crónicos, del trabajador informal que nunca podría retribuir una consulta privada.

Por eso duele más.

Porque en un país donde la salubridad es una batalla diaria, descubrir que desde en el interior se estaba jugando con esos posibles es una descuido que no junto a en ninguna defensa administrativa.

Y aquí entra el punto que no podemos seguir evadiendo: la responsabilidad de los funcionarios.
Cuando un servidor manifiesto acepta un cargo, no recibe una llavín para actuar como le convenga ni un cheque en blanco para mirar en dirección a otro flanco mientras terceros se aprovechan. Dirigir una institución es entender que cada peso mal manejado es un servicio que no se dio, un medicamento que no llegó, una vida que se dejó desprotegida.

En medio del escándalo, el presidente Luis Abinader reaccionó y pidió que SENASA se constituya en actor civil “para recuperar hasta el zaguero peso de lo robado”. Por otra parte, afirmó que en su gobierno “no hay espacio para la corrupción ni la impunidad”, recordando que ordenó la investigación desde el momento en que surgieron indicios de irregularidades.

Que el patrón de Estado asuma públicamente esta postura es importante, pero incluso abre una pregunta obligada: ¿por qué seguimos llegando tarde? ¿Por qué los sistemas de control internos no detectaron o no frenaron lo que hoy se expone como un fraude millonario?

Hazim fue apresado el pasado sábado en la incertidumbre, yuxtapuesto a otras siete personas, a solicitud del Tarea Sabido, por su presunta décimo en una estructura delictiva que habría malversado fondos del Senasa y comprometido la calidad de los servicios destinados a los afiliados.

Y la nómina de detenidos no es último: Eduardo Read Sino, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos señalados como parte del engranaje que, según las autoridades, convirtió posibles públicos en un festín privado.

El país ya conoce este guion cansado: funcionarios sorprendidos, equipos legales que se aferran a tecnicismos y expedientes que, cuando por fin se abren, exponen una cautiverio de irresponsabilidades que nulo tiene que ver con el servicio manifiesto… y mucho con el descaro.

La indignación que muchos sentimos hoy no es sólo contra un nombre, sino contra un sistema que durante décadas permitió que la salubridad se tratara como un saqueo repartible.
Este caso debe ser una advertencia sólido: los gobiernos no pueden seguir nombrando funcionarios por compromisos políticos, afinidades internas o cuotas partidarias. La salubridad de un país no puede caer en manos improvisadas, indiferentes o incapaces de controlar la institución que dirigen.

El caso SENASA será una prueba para el Tarea Sabido, pero incluso para la capacidad del Estado de cuidarse de sí mismo.

Porque cuando un funcionario equivocación, no es él quien cae: cae la confianza pública, cae el servicio, cae el bienestar de la multitud.

Y ya está bueno de caer.

jpm-am