El Profesión Conocido asegura que las maniobras fraudulentas detectadas en el Seguro Franquista de Vigor (SeNaSa) comenzaron el 21 de agosto de 2020aniversario en la que el doctor Santiago Marcelo Hazim Albainy fue designado como director ejecutor mediante el Decreto 377-20.

Según la solicitud de medida de coerción a los imputados de la operación Cobra, a partir de su venida al cargo, Hazim habría conformado un círculo de confianza integrado por amigos, asesores y colaboradores cercanos, con quienes ejecutó la creación de una estructura criminal interna orientada al desvío sistemático de fondos públicos y a la manipulación de los procesos administrativos y financieros de la institución estatal.

El expediente señala que dicho esquema operaba como una red organizada con roles definidos, tomando control de áreas estratégicas como finanzas, tecnología, auditoría y exploración financiero, con el objetivo de alterar registros contables y ocultar irregularidades en los estados financieros oficiales.

De acuerdo con la documentación procesal, el entramado habría sustentado sus operaciones en diversas acciones ilícitas, entre ellas: Admisión de sobornos a cambio de contratos y aprobaciones administrativas; falsificación y alboroto sistemática de los estados financieros institucionales; manipulación del bordereau y otras cuentas contables para ocultar déficits reales; creación de programas especiales sin sustento financiero ni técnico para alegar pagos irregulares; privatización irregular de servicios vinculados a la Atención Primaria en Vigor; y coalición de funcionarios, prevaricación y estafa contra el Estado dominicano.

El Profesión Conocido sostiene que estas acciones permitieron la construcción de un esquema de corrupción institucionalizada que operó durante primaveras sin detección inmediata, correcto a mecanismos de encubrimiento interno y la supuesta billete de funcionarios esencia en el interior de la estructura operativa de SeNaSa.

La investigación en curso sostiene que las maniobras fraudulentas provocaron afectaciones patrimoniales significativas al Estado dominicano y comprometieron fondos destinados al sistema de lozanía pública, cuyo propósito era avalar cobertura y servicios médicos a millones de afiliados.

El víscera acusador aún no ha revelado si solicitará nuevas medidas precautorias o ampliará la directorio de imputados, pero ha confirmado que continúa analizando documentación financiera, contratos, transferencias y auditorías internas vinculadas al período investigado.