La abogada Mariel Héroe Lebrón, de la compañía Héroe y Raful, aclaró que los procesos disciplinarios incoados delante el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por su homólogo Dionisio Ortiz Acosta calificándolo como “litigantes temerarios”,  uno fue dejado sin impacto y otro se ventilará el  10 del mes en curso en el Tribunal Superior Chupatintas, tras el conflicto que libran por una litis contencioso sobre 400 viviendas que no han sido entregadas por la inmobiliaria  Don Juan, en La Romana.

Aseguró que el apelación interpuesto en el CARD, contra Lilia Fernández Héroe y Joel Rosario Alburquerque, representante lícito de la señora María Amelia   Hazoury contempla una serie de inexactitudes y falsedades.

Destacó que el conflicto del proceso contencioso es una demanda de divorcio que introdujo Hazoury contra Juan Rafael Llaneza Gil de las entidades comerciales de su propiedad, recurrida por el demandado en apelación y casación como una forma de triunfar tiempo para realizar maniobras para ocultar y defraudar a su esposa global en haberes.

Indicó que esa situación ha obligado a tomar una serie de medidas conservatorias que dispone la ley para la conservación de patrimonio conocido durante el proceso  de divorcio, tanto en el país como en Estados Unidos, donde han sido reconocidos los derechos de su defendida.

“En su enunciación, Dionisio Ortiz  afirma que se han tomado medidas sobre  compañías  que no son propiedad de Llaneza ya que el mismo no aparece actualmente como titular de acciones adecuado a que este, luego de la separación con su esposa, preparó un tablado para salir de las compañías y poner acciones de las mimas a nombre de un entramado societario orquestado por Ortiz”, precisó.

Agregó que esas afirmaciones no surgen de conjeturas sino del propio Llaneza que ha presentado su enunciación jurada haberes, reconociendo su propiedad lo que compromete gravemente su responsabilidad, como dice demostraron oportunamente en los escenarios correspondientes.

Aseguró que Ortiz miente cuando alega que por la inscripción de una litis sobre unos 41 terrenos de Inmobiliaria Don Juan que no fueron heredados por Llaneza, cuyos padres viven, sino adquiridos por la referida inmobiliaria a partir del 2011 de la que él es asociado y único inversionista  de renta.

Aclaró que una listis contencioso no impide que unas 400 familias adquieran sus viviendas, quedando evidenciado con la entrega de algunas propiedades a sus dueños.

Calificó como un copiado alegato utilizado para incumplimientos contractuales, que de existir son de monopolio responsabilidad de Llaneza poniendo en peligro su integridad física.

Decenas de compradores y copropietarios de un esquema habitacional de 400 viviendas denunciaron que un “atropello seudojurídico” ha paralizado por completo la entrega de los hogares, dejando a cientos de familias trabajadoras sin aceptar las casas por las que han pagado con esfuerzo y sacrificio.