La presencia marcial de los Estados Unidos en departamento dominicano continúa generando profundas inquietudes en sectores que defendemos, sin ambigüedades, la soberanía doméstico.

Más preocupante aún es que esta presencia haya sido autorizada por el presidente Luis Abinader, permitiendo la utilización de instalaciones estratégicas como la Almohadilla Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Tal intrepidez no es un simple acto funcionario: trae consigo implicaciones geopolíticas, jurídicas y de seguridad doméstico que no pueden soslayarse.

La pregunta es preciso: ¿qué ocurre si el departamento venezolano es agredido militarmente desde suelo dominicano?

El derecho internacional manifiesto es claro. Conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, toda nación tiene derecho a desempeñar la legítima defensa en presencia de una asalto armada. Este principio incluye no sólo el departamento del atacante, sino asimismo el departamento desde el cual se ejecuta la asalto.

Luego, si desde República Dominicana se facilitara, permitiera o ejecutara un ataque contra Venezuela, Caracas estaría jurídicamente facultada a contestar militarmente contra las bases desde donde provino la asalto. Esto implicaría, en términos concretos, que República Dominicana podría convertirse en un objetivo marcial oficial para un Estado que contesta en defensa propia.

Asimismo, opera el principio de reciprocidad, ampliamente agradecido en la doctrina internacionalista: quien agrede desde departamento propio o ignorante se expone a percibir una respuesta equivalente. Esto convierte en un asunto de máxima trascendencia cualquier autorización para que potencias extranjeras utilicen departamento dominicano en operaciones militares contra terceros Estados.

Es por ello que defendemos con firmeza la soberanía dominicana frente a toda fuerza marcial que pretenda utilizar nuestro departamento para herir a otra nación. Y es aún más preocupante cuando la eventual víctima sería Venezuela, un país con el cual República Dominicana ha mantenido relaciones históricas de cooperación, solidaridad y hermandad. Exponer al país a un conflicto internacional ignorante, sometiéndolo a riesgos bélicos innecesarios, es una irresponsabilidad diplomática y un acto contrario a los intereses nacionales.

La política extranjero dominicana debe orientarse por principios, no por presiones de potencias hegemónicas. El respeto a la soberanía, la no intervención y la posibilidad pacífica de las controversias son pilares que no deben negociarse. Permitir que fuerzas militares extranjeras operen desde nuestro departamento, sin un propósito claro de protección doméstico ni autorización legislativa auténtica, constituye una renuncia tácita a la autodeterminación.

En momentos en que América Latina enfrenta renovadas tensiones geopolíticas, es imperativo memorar que República Dominicana no debe ser convertida en plataforma para agresiones ni en peón de intereses externos. Nuestra única honradez debe ser con la soberanía, la seguridad y la dignidad del pueblo dominicano.

El autor es politólogo, egresado de la Potencial de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Perímetro San Francisco. Analista internacional y ensayista de temas locales, nacionales e internacionales.