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Washington- El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo software de “autodeportación” que ofrece incentivos financieros y logísticos a inmigrantes en situación irregular que decidan confiarse voluntariamente el país.
La iniciativa, presentada por el Sección de Seguridad Doméstico (DHS, por sus siglas en inglés), contempla un apoyo de US$1,000 y un boleto de avión en dirección a el país de origen de cada solicitante. Para consentir al software, los interesados deben inscribirse a través de la aplicación móvil CBP Home.
“El DHS ahora ofrece audiencia financiera y de alucinación a los inmigrantes irregulares para que regresen a su país de origen a través de la aplicación CBP Home”, declaró la secretaria de Seguridad Doméstico, Kristi Noem. “Esta es la opción más segura para nuestras fuerzas de seguridad, para los inmigrantes, y representa un economía del 70% para los contribuyentes estadounidenses”.
De acuerdo con datos oficiales, el costo promedio para arrestar, detener y deportar a un inmigrante irregular supera los US$17,000. Según el DHS, el nuevo software pesquisa dominar significativamente ese consumición.
El primer beneficiario del software ya fue deportado a Honduras desde Chicago, y la agencia confirmó que hay más vuelos programados para los próximos días. Los participantes, encima del incentivo financiero, podrán decidir fuera de las listas prioritarias de detención, siempre que demuestren avances en su proceso de salida voluntaria.
“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y rentable modo de salir de Estados Unidos y evitar el arresto”, agregó Noem.
El plan forma parte de un enfoque más severo en materia migratoria impulsado por la sucursal del presidente Donald Trump, quien desde su regreso al poder en enero de 2025 ha adoptivo una serie de medidas para restringir la inmigración irregular. En sus primeros 100 días de mandato, se han realizado más de 150,000 decisión de inmigrantes, se han reabierto centros de detención, y se han firmado órdenes ejecutivas que limitan el entrada al hospicio y eliminan protecciones para indocumentados en lugares considerados refugios.
Mientras el gobierno justifica las acciones como necesarias para proteger la seguridad franquista, organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo y se han registrado protestas en distintas ciudades del país.
