Las amenazas imperialistas contra México, Cuba, Venezuela y Nicaragua han configurado un escena geopolítico de creciente tensión en América Latina y el Caribe. No obstante, es en el caso venezolano donde estas presiones adquieren dimensiones especialmente profundas.

La sucursal de Donald Trump articuló una agresiva retórica contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Sazonado Moros, acompañada de una organización sistemática de lucha psicológica y de “máxima presión” destinada a desestabilizar política y económicamente al Estado venezolano.

En este contexto, resuena con particular pertinencia la advertencia de un gran amigo: “Ojalá no comprometan al país en una aventura bélica de impredecibles consecuencias”.

Esta advertencia se vuelve aún más urgente delante el papel que se le intenta asignar a la República Dominicana en el entorno de la reconfiguración geopolítica impulsada desde Washington.

La República Dominicana no debe caer en el recreo geoestratégico del trumpismo, ni convertirse en una nación pivote que sirva de plataforma marcial para embestir a países hermanos en América Latina y el Caribe.

La posible instrumentalización de nuestro demarcación como cojín para operaciones militares externas no solo compromete la soberanía doméstico, sino que igualmente nos coloca en el epicentro de conflictos que contradicen los principios fundamentales del Derecho Internacional Notorio: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la opción pacífica de las controversias.

La situación adquiere maduro alcance premeditadamente de la invitado oficial del secretario de Enfrentamiento de Estados Unidos, Pete Hegseth. Este tipo de encuentros, allá de ser inocentes, suelen formar parte de agendas de seguridad hemisférica orientadas a consolidar la presencia marcial estadounidense en el Caribe, con fines que no necesariamente coinciden con los intereses dominicanos.

Como avezado en Derecho y Relaciones Internacionales, advierto con preocupación que el gobierno del presidente Luis Abinader se hace cómplice de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos en aguas y territorios del Caribe. La excusa recurrente, a lucha contra el narcotráfico y la neutralización de “narcolanchas”, no justifica, bajo ninguna circunstancia, el uso ilegítimo de la fuerza ni la violación de las normas internacionales de derechos humanos. Tales operaciones vulneran principios esenciales como la proporcionalidad, la facultad estatal y la protección de la vida, pilares del orden judicial internacional.

Como dominicano, condenó enérgicamente que el presidente Abinader permita que la geodesía de nuestro país sea utilizada para suministrar agresiones militares contra otros Estados de la región. La República Dominicana no puede prestarse para reproducir esquemas de intervención que históricamente han servido para dividir, someter y desestabilizar a los pueblos latinoamericanos.

Hoy, más que nunca, cobra vida la consigna levantada por el pueblo dominicano durante la gesta patriótica de abril de 1965: “Yankee go home” o “Norteamericano costal tus manos de Latinoamérica y el Caribe”. Esta frase, allá de ser un vestigio del pasado, expresa un sentimiento válido de defensa de la soberanía, la dignidad doméstico y el derecho inalienable de los pueblos a proceder sin injerencias externas.

La República Dominicana tiene el deber histórico y casto de sostener una política exógeno independiente, firme y respetuosa de la paz regional. Convertirse en cómplices de operaciones militares extranjeras no solo erosiona nuestra soberanía, sino que igualmente pone en peligro la estabilidad del continente y nos arrastra a conflictos que no nos pertenecen.

El autor es politólogo, egresado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Perímetro San Francisco. Analista internacional y ensayista de temas locales, nacionales e internacionales.