El Pregonero, Santo Domingo.– Una nueva concurso del Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) que dirige Josefa Castillo Rodríguez, está generando ruido, cuestionamientos y serias sospechas por el abultado monto ratificado para la importación y distribución de alimentos destinados a los centros CAIPI y CAPI de la zona Sur.
Se proxenetismo del proceso CCC-LPN-2025-0033, exclusivo de MiPymescuyo valencia total asciende a RD$540,331,465.80según consta en la propia documentación oficial del Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI.
Lo que más flama la atención es que, aunque se aprueba una suma superior a los RD$540 millonesel propio Comité señala que solo se ejecutará el 2% del monto durante el año 2025amparándose en la Ley 423-06 de Presupuesto y el Decreto 15-17 sobre control de consumición.
Pero entonces surge la gran pregunta: ¿Por qué aprobar más de medio billón de pesos en alimentos si solo se utilizará una mínima fracción en 2025?
El documento detalla ocho lotes con cantidades y precios que han despertado inquietudes por los montos globales asignados a productos básicos.
Apretujón: Más de RD$21 millones en un solo conjunto (pág. 3).
Lotes de alimentos frescos: Superan los RD$49 millones por conjunto (págs. 2 y 4).
Lotes completos de zonas como Bahoruco, Independencia y Barahona: Más de RD$78 millones cada uno (págs. 5 y 7). (VER DOCUMENTO SOLICITUDDECOMPRA ).
Los montos totales por conjunto, según el expediente, superan ampliamente los rangos habitualesacumulando una suma completo que sobrepasa el comienzo de lo arreglado para una sola zona geográfica y para un solo proceso de compras.
Aunque el INAIPI se ampara en la planificación multianual, especialistas fiscales consultados consideran que aprobar un monto tan elevado sin un desglose de ejecución por año “abre ventanas” a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, especialmente cuando se proxenetismo de productos alimenticios cuyos precios varían constantemente.
La combinación de un monto completo exorbitante, montos individuales inflados, una ejecución mínima vivo para 2025 y la clasificación “monopolio para MiPymes” ha provocado suspicacias entre actores del sector.
De hecho, varios observadores de contrataciones públicas consideran que el proceso necesita una explicación más detalladaespecialmente por la magnitud del monto ratificado y el bajo porcentaje que se ejecutará el próximo año.






