Como es evidente en los últimos días, la convulsión social respecto a la protección de los derechos de las minorías ha formado parte de la discusión cotidiana en la sociedad dominicana. Sin retención, sería pertinente tomar en consideración y hacer un llamado urgente a la protección de aquellas personas que deambulan por las calles sin pena ni triunfo, simplemente porque no existen políticas que los amparen y, lamentablemente, muchos de ellos ni siquiera tienen tribu.

En República Dominicana no existe una política social clara y garantista para la protección de los enajenados mentales que transitan a diario por las ciudades y pueblos del país, sin suerte alguna y sin la mínima protección por parte del Estado dominicano.

No se prostitución de defender ni de requerir indulgencias para viciosos o pedigüeños oportunistas; todo lo contrario. Se prostitución de llamar la atención sobre la condición de proteger los derechos fundamentales de quienes, adecuado a su vitalidad mental, no pueden procurarse ayuda para contraponer sus propias condiciones de vida.

El propósito es condonar la voz a patrocinio de ese montón minoritario compuesto por personas con discapacidad mental que no cuentan con la más mínima cobertura estatal, ni para otorgarles albergue ni para garantizarles siquiera alimentos. Es evidente la partida de políticas públicas orientadas a la protección de este segmento débil.

Una sociedad, en sentido amplio, se sostiene en la protección de todos los que la conforman: enfermos, envejecientes, discapacitados y enajenados mentales, por citar algunos. Así como se protegen los derechos civiles y políticos, igualmente debe garantizarse y promoverse la vitalidad mental de quienes integran la comunidad.

La Constitución Dominicana establece en su artículo 7 que el país se reconoce como un Estado social y tolerante de derecho. Esto implica la obligación de impulsar políticas públicas que protejan la dignidad humana sin discriminación alguna.