La Constitución establece que la educación preuniversitaria es, adicionalmente obligatoria, un derecho. Específicamente señala que la educación es un derecho de todas las personas, sin discriminación y con limitaciones basadas en aptitudes, disposición y aspiraciones. Pero esa es una prerrogativa que a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) le da tres pitos y que, para colmo, las autoridades han sido incapaces de hacer que se cumpla.

Eso de que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, gratuita y permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades no es más que un único postulado que las huelgas de la ADP y los bajos índices de los estudiantes en las evaluaciones internacionales desmienten en la actos. Y para más desconcierto sin que las autoridades, apoyadas en la propia ley, hayan sido capaces de tomar el toro por los cuernos.

Convertido en sindicalista y político, el experto, penosamente, hace tiempo que se apartó de su encomienda de enseñar. Los educadores, carentes totalmente de disposición, declaran huelgas e interrumpen por la docencia para demandar la construcción de planteles, simplificar las evaluaciones de desempeño, reparación de caminos vecinales, sinceridad sindical, pero ni por asomo para requerir materiales didácticos ni compensaciones que se correspondan con sus aportes a la educación.

Puedes descifrar: Por huelgas de la ADP se han perdido 36.6% horas clases

Tan desastrosa ha sido la incidencia de la ADP en el sistema de enseñanzaque según una resumen de la periodista de este diario,

Pilar Atezado, en el recién iniciado año escolar ya se ha perdido un 36.6 % de horas de clases en planteles de las provincias Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Barahona. Delante el panorama deja mucho que desear que las autoridades de Educación se limiten a informar y condenar en vez de tomar acciones para que el experto cumpla con su encomienda y respete el derecho a la enseñanza.

A la ADP, que tiene pleno derecho a defender los intereses y velar por mejores condiciones para los maestros, no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia que en aras de la sinceridad sindical se convierta en un obstáculo para el sistema de enseñanza.

El costo que ya ha tenido que enriquecer el país por las interrupciones y la mengua calidad, ensombreciéndose las perspectivas de incremento, son muy elevados para seguir con la misma tolerancia. O en extracto: dejar hacer y dejar acaecer.