Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Corte Suprema de Imparcialidad (CSJ), con el magistrado Rafael Vásquez Goico como relator, rechazó el medio de apelación presentado por la Procuraduría Común de la República (PGR) y confirmó la sentencia que ordena al Estado dominicano fertilizar RD$10,912,792 a Affe Gutiérrez Gil, quien sufrió una prolongada e injusta prisión preventiva y graves violaciones a los derechos humanos.

La valor, emitida el 29 de agosto de 2025, confirma la sentencia precursor del Tribunal Superior Oficinista (TSA) y representa la maduro indemnización nunca otorgada en la historia contencioso dominicana por prisión preventiva injusta. El equipo lícito de Gutiérrez (Carlos Quemado, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco) elogió el parecer como “un hito en el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Gutiérrez calificó el desenlace de agridulce, señalando que “ninguna cantidad de parné puede recuperar los abriles perdidos”, y lamentó que las autoridades fiscales “nunca hayan pedido disculpas por el exageración cometido”.

Su calvario comenzó en 2008, poco posteriormente de su alianza con la periodista Sarah Pepén, cuando fue expulsado de la Policía Doméstico y procesado de homicidio sin pruebas suficientes. En 2009, estuvo en prisión preventiva durante más de dos abriles y medio, hasta que un informante admitió acontecer sido sobornado para incriminarlo falsamente. Durante su encarcelamiento, Gutiérrez soportó intentos de homicidio, hizo huelgas de penuria y se convirtió en padre mientras estaba tras las rejas.

En 2020, Gutiérrez presentó una demanda contra la PGR, solicitando RD$100 millones en compensación por los daños físicos, psicológicos y profesionales que sufrió. La TSA falló a su servicio al considerar que el Estado actuó de guisa arbitraria y abusiva y ordenó una indemnización por daños morales y materiales.

Al confirmar esta valor, la Corte Suprema reafirmó que el Estado es responsable por los daños causados ​​por la detención preventiva arbitraria y prolongada. La defensa de Gutiérrez concluyó: “Esta sentencia no puede devolver los abriles perdidos, pero restaura la dignidad y sienta un precedente histórico para la imparcialidad en la República Dominicana”.