EL AUTOR es político. Reside en Santo Domingo.

POR ALEJANDRO SANTOS

“El derecho de propiedad no consiste solo en poseer, sino en no ser despojado.” – Ignorado

Por distintas partes del país se escuchan testimonios de ciudadanos dominicanos y extranjeros que han enfrentado dificultades en procesos vinculados al registro de la propiedad inmobiliaria.

En particular, muchas personas relatan experiencias que reflejan deficiencias y vacíos de control interiormente del sistema, afectando sus derechos, y generando  desconfianza en las decisiones que ahí se toman.

Resulta preocupante que una entidad señal a ser símbolo de credibilidad y seguridad jurídica todavía enfrente cuestionamientos sobre la transparencia y la operatividad en la protección del derecho de propiedad.

Pespunte conversar con diferentes personas a la entrada de las oficinas del Registro de Títulos para conocer historias inverosímiles de disputas, confusiones y conflictos legales, algunos derivados de irregularidades en la tramitación, de interpretaciones jurídicas cuestionables o de deficiencias administrativas.

Existen denuncias públicas y casos documentados en los que se mencionan errores en la documentación, pérdida de expedientes o inconsistencias en los registros. Estas situaciones, sean producto de negligencia o desatiendo de control, generan graves perjuicios económicos y emocionales para los ciudadanos que buscan practicar un derecho genuino sobre sus acervo.

Muchos de los afectados se encuentran desorientados y sin los capital suficientes para alcanzar a una defensa constitucional adecuada. Algunos logran contratar representación, pero aun así se enfrentan a procesos complejos y prolongados que los dejan en estado de vulnerabilidad.

El derecho de propiedad, obligado como fundamental en la Constitución dominicana de 2010, debe ir acompañado de una protección efectiva. La confianza ciudadana solo puede sostenerse si las instituciones operan con transparencia, celeridad y rendición de cuentas.

Urge blindar la supervisión y el control interno en los organismos responsables del registro inmobiliario. Igualmente, es necesario revisar los mecanismos disciplinarios y sancionatorios para avalar que cualquier irregularidad sea debidamente investigada y sancionada conforme a la ley.

El Poder Jurídico, como entraña de veterano dependencia interiormente del sistema, está llamado a desempeñar un rol más activo en la fiscalización y cortejo de los procesos que se desarrollan en el Registro de Títulos, velando por la correcta aplicación de las normas y por la protección efectiva del derecho de propiedad.

Ninguna nación puede alcanzar un explicación sostenible sin instituciones confiables, transparentes y respetuosas del entorno constitucional. La defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares esenciales para el progreso y la paz social.

En este sentido, vale rememorar una cita del presidente del Poder Jurídico, Luis Henry Molina Peña, que los dominicanos anhelamos ver cumplida en el Registro de Títulos:

«El examen del Derecho exige, adicionalmente de competencia técnica, una profunda independencia y transparencia, cuya confianza de la sociedad debe ser resguardada con cada valor, acto legal, palabra y con cada renuncia a lo indebido.»

jpm-am