En el imaginario colectivo, la reforma policial suele asociarse con la reducción de la criminalidad. Sin retención, esta visión es limitada y, en muchos casos, errónea. La reforma policial no es una táctica de combate directo contra la delincuencia. Surge como un acto de dignificación institucional, de la penuria de cambiar la civilización operativa, de colindar la diligencia policial con los derechos humanos, y de profesionalizar nuestros policías. La reforma no se comercio de combatir al delincuente, sino de formar al agente desde la licitud, la proporcionalidad, la institucionalidad y la transparencia. La reforma es un proceso de renovación, no de reducción de la criminalidad.

Durante décadas, la idea de reforma fue ignorada o estrecha a discursos vacíos. Aunque antiguamente de los numerosos anuncios que se hicieron, en los abriles noventa, dos figuras iniciaron sin saberlo un proceso silencioso, técnico y profundamente transformador: el anciano genérico Ramón Alcides Rodríguez Arias, como superior de la Policía Doméstico, y el entonces coronel Julio César Lorenzo Campusano, desde sus funciones estratégicas, impulsaron una transformación que no se anunció como reforma, pero que lo fue en esencia. Apostaron por la tecnificación del cuerpo policial, crearon la Escuela de Investigaciones, despolitizaron la diligencia operativa y desarticularon los escuadrones de persecución política que durante abriles habían servido como instrumentos de represión ideológica.

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La reforma policial no es una respuesta directa a la delincuencia. La criminalidad se enfrenta con políticas públicas que aborden sus causas estructurales: pobreza, limitación y desigualdad. La policía participa en ese proceso desde la inteligencia, prevención, la investigación y la protección. Pretender que la reforma es para “arruinar con los delincuentes” es desconocer su cierto propósito: formar una policía, humana, tecnificada, profesionalizada, cuyos agentes se rijan por estándares éticos, de transparencia, rendición de cuentas; o sea, un cambio de civilización que impulse tres pilares misionales: inteligencia, prevención e investigación, contando con profesionales de policía y policías profesionales.

Aunque en cierto modo la reforma impacta en la disminución de los índices de criminalidad y frecuencia delictual, porque una policía equipada, tecnificada y profesionalizada no solo se legitima en presencia de la ciudadanía, incrementando las relaciones cívico-policiales, sino que disuade y repliega la violencia y permite diseñar programas integrales de seguridad pública. Al mejorar la formación, revisar protocolos y reforzar la operatividad, se consolida una institución más preparada, con mejor capacidad de respuesta y anciano confianza ciudadana.

Hoy, la República Dominicana puede afirmar que cuenta con una Policía Doméstico que transita alrededor de su reforma, su transformación y su cercanía. Una policía que, aunque aún enfrenta desafíos estructurales, ha iniciado un proceso de revisión profunda de sus prácticas, de profesionalización en procura de profesionales de policía y policías profesionales, transigencia y de vinculación con los principios democráticos. Esa transición no es perfecta ni rectilíneo, pero es verdadero, verificable y, sobre todo, irreversible.