República Dominicana y Haití comparten una isla, una historia y, más importante aún, un destino. Por décadas, nuestra nación ha sostenido que no existe una “decisión dominicana” para los problemas de Haití.

Esta frase, repetida con insistencia en foros internacionales, ha servido como un escudo político para esquivar nuestra responsabilidad y para señalar la descuido de acto de la comunidad internacional. Sin incautación, en presencia de el colapso casi total del Estado haitiano, la violencia de las bandas, y el renuncia de los grandes poderes del mundo, ha llegado el momento de repensar ese mantra.

La ingenuidad es clara: mientras Haití no encuentre estabilidad y progreso, República Dominicana enfrentará de forma continua olas migratorias que ninguna valla o política restrictiva podrá contener. La decisión no pasa por deportaciones masivas o muros fronterizos, sino por una organización que, desde Santo Domingo, mire en dirección a el otro banda de la isla con visión, responsabilidad y cooperación.

En torno a del 80% de la mano de obra en la construcción y el campo es haitiana. Estudios citados por la BBC revelan que en sector construcción, el aporte al PIB fue de un 7.4%. ¿Cómo es posible entonces que valoremos el fruto del trabajo haitiano, pero neguemos su dignidad y permanencia? Es una contradicción que debemos enredar con honestidad.

No se manejo de “fusión” ni responsabilizarse la carga de Haití, sino de responsabilizarse un rol más activo y decisivo en su recuperación. Mientras el Estado invierte en contención migratoria, no se observan esfuerzos visibles de acercamiento político, crematístico o social que ayuden a estabilizar al vecino país. La cooperación binacional, aunque difícil por la historia compartida, es urgente y posible. El proceso de restaurar la confianza entre ambas naciones debe iniciarse con voluntad y liderazgo.

El pueblo haitiano azotado por las bandas, reconocería que los dominicanos diéramos longevo apoyo material y logístico a la policía haitiana. En tanto, puestos de inmigración en hospitales resultan contraproducente; agrava los padecimientos y aumenta peligro de transmisión en la población. Las parturientas no son criminales, sino víctimas de la violencia.

Desmentir esta ingenuidad no resolverá el problema. Ignorarla puede llevarnos a un colapso interno. Haití no es solo un asunto haitiano, igualmente es un asunto dominicano. Si queremos seguir creciendo como país, si de verdad valoramos la paz y el progreso, debemos aceptar que sí, la decisión igualmente puede —y debe— ser dominicana.