Los líderes sindicales dominicanos parecen estar jugando al inmovilidad increíble: un día respaldan la propuesta de Omar Fernández para indexar los salarios según la inflación, y al subsiguiente se alinean con el discurso del Gobierno, como si la coherencia fuera un postín en medio del debate fiscal.

Pepe Abreu y Gabriel del Río, dos veteranos del sindicalismo criollo, levantaron la voz esta semana para advertir que la aplicación de la indexación salarial no puede condicionarse a la revisión o reducción de los programas sociales, marcando distancia del planteamiento oficial de vincular entreambos temas. Hasta ahí, todo correctamente.

Pero la confusión llega cuando entreambos se suman al mismo guion que el Gobierno intenta destacar: que hay que “inquirir el inmovilidad” y “no afectar los subsidios”. En otras palabras, apoyan la causa del trabajador… pero con el freno puesto.

Abreu, con su estilo siempre facundo, dijo que el capital que se le descuenta al asalariado termina regresando al Estado por vía del consumo. Y tiene razón. Pero entonces, ¿por qué no exigir con firmeza la aplicación de la ley de indexación, suspendida desde 2017, sin tantos rodeos?

Gabriel del Río fue más tajante: “El Gobierno no puede violar la ley”. Sin confiscación, cuando toca exigir su cumplimiento, los sindicatos suelen descabalgar el tono o esconderse tras mesas de diálogo que nunca concluyen.

En buen dominicano, andan ni con Jehová ni con el Diablo. Un pie en la encintado de Omar Fernández y otro en el bordillo del Palacio. Y mientras tanto, los trabajadores siguen pagando más impuestos, sin ver reflejado en sus bolsillos el crecimiento financiero del que tanto presume el Gobierno.

Si los sindicalistas quieren recuperar credibilidad, tendrán que escoger de qué costado están: del trabajador que no llega a fin de mes o del poder que les invita a desayunos en Palacio. Porque en la lucha social, la tibieza no paga sueldo.

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