Legisladores de concurso cuestionaron los decretos 626-25 y 627-25emitidos por el presidente Luis Abinadermediante los cuales se declara en estado de emergencia a 14 provincias del país tras el paso de la tormenta tropical Toronjilalegando que la medida investigación sortear los controles de la Ley de Compras y Contrataciones.

El diputado Charlie Mariotti Jr. afirmó que la declaratoria no corresponde a un estado de emergencia franquista, sino a una “situación de desastre”, lo que, según explicó, no permite eliminar los controles legales sobre el compra conocido.

“Definitivamente no entendemos qué investigación el Gobierno con esto.
La situación de desastre no conlleva la aniquilación de los controles de la ley de compras.
Lo que están haciendo es mover fortuna que no han podido ejecutar a solo dos meses de cerrar el año”, señaló Mariotti Jr.

El congresista del PLD sostuvo adicionalmente que la medida podría tener un trasfondo político y que el Ejecutante “pretende confundir a la población haciendo creer que un decreto de desastre equivale a un estado de emergencia”, lo que consideró una “falsa interpretación de la Constitución”.

De su costado, el diputado Carlos de Pérez reconoció que algunas provincias como Barahona y Azua sí presentan daños considerables por el aberración atmosférico, pero aseguró que el Gobierno maneja mal las emergencias y usa las declaratorias para realizar compras sin rigor ni transparencia.

“Nosotros tenemos fondos de contingencia disponibles.
No hacía error decidir emergencia para comprar sin oferta.
Así se puede explicar cualquier precio sin control”, advirtió.

Los decretos presidenciales establecen que las provincias afectadas por la tormenta, entre ellas Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Azua, La Vega y Monseñor Nouel, quedan bajo clasificación de emergencia regional, y autorizan compras directas para atender los daños en infraestructura, viviendas y servicios esenciales.

Entre las instituciones facultadas a realizar adquisiciones bajo el régimen de excepción figuran los ministerios de Vitalidad Pública, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda, Interior y Policía, Turismoadicionalmente del Servicio Franquista de Vitalidad (SNS) y el Empleo Oficial de la Presidencia.

Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que las medidas son necesarias para impulsar la reconstrucción y avalar auxilio inmediata a las comunidades afectadas por la tormenta Melissa.