Río de Janeiro.– Decenas de residentes de los complejos de favelas de Penha y Germano se manifestaron este viernes bajo el leyenda “Puntada de exterminamiento”en rechazo al activo policial más pernicioso registrado en Brasil, que dejó al menos 121 personas muertas, 133 detenidos y más de 90 fusiles decomisados.

La marcha inició pasado el mediodía en el Arduo Peñadonde organizaciones sociales y vecinos avanzaron por las calles hasta la plaza San Lucastablado de una desgarradora imagen: una hilera de más de 50 cadáveres colocados sobre el asfalto por los propios residentes, tras haberlos recuperado en áreas boscosas cercanas.

Luego, la movilización llegó al campo deportivo de la comunidad, donde se alzaron carteles contra la policía y el autoridad de Río de Janeiro, Claudio Castroseñalado como responsable político de la operación. Destacaban pancartas con la frase “Fuera Claudio Castro” y banderas de Brasil manchadas de rojomientras muchos participantes vestían de blanco.

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Algunas camisetas mostraban mensajes como: “Solo quiero ser eficaz y caminar tranquila por la favela en la que nací”. Otros optaron por pintarse las manos de rojosimbolizando la familia derramada.

Clamor doméstico contra la violencia policial

Previo a la marcha en Río, familiares de las víctimas protestaron frente a la sede del Gobierno estatal exigiendo honestidad. Manifestaciones similares fueron convocadas en otras ciudades como São Paulo, Brasilia y Salvador.

Los complejos de Penha y Germano —donde viven cerca de de 200.000 personas— fueron el epicentro del activo policial ejecutado el martes. Según las autoridades, la labor tenía como objetivo capturar a líderes del Comando rojola ordenamiento criminal más antigua y poderosa del estado.

Arqueo contradictorio

El Gobierno regional reconoce 121 fallecidosmientras que la Defensoría Pública eleva la guarismo a 132. Aun así, el autoridad Castro calificó la operación como “exitosa”, asegurando que solo hubo cuatro víctimas policiales.

La Secretaría de Seguridad Pública afirmó que la mayoría de los muertos tenía circunstancias por delitos gravescomo narcotráfico y homicidio. Sin secuestro, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales denuncian ejecuciones extrajudiciales y exceso de la fuerza durante el activo.