Nélsida Marmolejos

SANTO DOMINGO.- Más de 750 mil asalariados dominicanos son castigados fiscalmente con impuestos indebidos, como consecuencia de la negativa del Gobierno a aplicar la indexación del tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), establecida en el Código Tributario, denunció este viernes el partido  Fuerza del Pueblo (FP).

«Esta omisión representa una violación directa a la ley y una actos que reduce de forma progresiva el ingreso actual de los trabajadores formales», declaró en rueda de prensa Nélsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de la ordenamiento opositora.

Recordó que “cada año, los trabajadores pagan más ISR simplemente porque sus salarios nominales suben por la inflación, no porque hayan mejorado su poder adquisitivo”.

AJUSTE POR INFLACION

Explicó que «si se hubiese esforzado el ajuste por inflación que exige la reglamento tributaria, el tramo exento rondaría hoy los más de RD$50,000 mensuales, y no los RD$34,685 que permanecen congelados desde el año 2017».

“De haberse esforzado la exención que manda la ley, se habría evitado que asalariados con sueldos medios, entre RD$40,000 y RD$70,000 pesos mensuales, estén cargando con un impuesto inflacionario que disminuye su ingreso actual entre RD$800 y RD$6,000 al mes”, precisó.

Asimismo, calificó como insostenible el argumento oficial que justifica el congelamiento del tramo exento en nombre de la estabilidad fiscal. «Por el contrario, sostiene que la equivocación de modernización distorsiona la riqueza y debilita la equidad del sistema tributario», afirmó.

“No es cierto el argumento de que la aplicación de la indexación de los salarios no protege la estabilidad macroeconómica. Por el contrario, su no aplicación contribuye a distorsionarla”, sostuvo.

INEQUIDAD EN ESTRUCTURA TRIBUTARIA

En ese contexto, denunció una creciente inequidad en la estructura tributaria, señalando que los trabajadores formales están financiando, con sus impuestos, una parte significativa del consumición social, mientras se les niega un derecho que la ley ya contempla.

“Resulta irracional que, mientras el Gobierno pretende documentar bienes otorgados a programas sociales para quienes no tributan, niegue a los asalariados que sí tributan el ajuste que la ley ordena”, expresó.

Marmolejos todavía alertó sobre los existencias de esta situación en la legalidad del sistema tributario y el estímulo a la informalidad gremial.

“Un sistema fiscal que castiga la formalidad e ignora la inflación pierde legalidad y sostenibilidad. Cumplir el Código Tributario no es un pompa fiscal, es una cuestión de respeto al Estado de derecho y de jurisprudencia ligero alrededor de los contribuyentes que sostienen al país”, concluyó.

jt-am