BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó ayer una ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir las investigaciones.

Mientras tanto, los cuerpos continúan apilándose luego del activo policial más mortal en la historia de Río de Janeiro.

Lula insistió en que Brasil necesita “una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de pugna”.

El esquema de ley que el Ejecutante envió al Congreso exploración precisamente equilibrar las fuerzas y crear
mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales.

“El Gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con viejo firmeza para combatirlas”, declaró Lula a través de sus redes sociales.

El anuncio se produjo mientras el país sigue conmocionado por la Operación Contención, rejonazo
el martes por el dirigente del Estado, Cláudio Castro.

El arqueo oficial del Gobierno estatal informó de 121 muertos, cuatro de ellos policías, y 113 detenidos. Pero la Defensoría Pública, que relevó datos en los institutos forenses, elevó el número de víctimas a 132, advirtiendo que no todos los fallecidos pertenecían a facciones criminales.

Una tragedia
La “Operación Contención”, desplegada por el gobierno estatal de Castro antaño del amanecer en los complejos de favelas de Penha y Alemão, buscaba capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho. Participaron unos 2,500 agentes de las policías Civil y Marcial.

Testigos y organizaciones sociales denunciaron ejecuciones sumarias. “Hay personas ejecutadas con tiros en la testuz o por la espalda. Esto no puede considerarse seguridad pública”, afirmó el agitador Raull Santiago.

En Vila Cruzeiro, una de las zonas más afectadas, los vecinos pasaron la amanecida recuperando cuerpos entre el olor a pólvora y los restos de los enfrentamientos.

“Nunca vi falta igual, ni si quiera en la Franja de Lazo”, dijo Erivelton Vidal Correia, presidente de la asociación de vecinos.

El activo sumió a buena parte de la ciudad en el caos: escuelas y universidades suspendieron clases, el transporte colapsó y miles de personas quedaron atrapadas en sus casas.

La posición de la ONU

En tanto, tras la operación policial más mortal de la historia de la ciudad, en la que murieron 121 personas, António Guterres pide una investigación inmediata.

El responsable de velar por los derechos fundamentales pide reformas en la Policía y enfrentarse el racismo sistémico contra los afrodescendientes en el país.

En un mensaje transmitido este miércoles por su portavoz, Stephane Dujarric, el titular de la ONU enfatizó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales debe alinearse con las leyes internacionales de derechos humanos.

Brasileños pobres
—Víctimas
Se estima que 5,000 afrodescendientes mueren cada año en Brasil a manos de la Policía, siendo los
jóvenes negros de áreas empobrecidas los principales afectados.