Recientemente tuve la oportunidad de participar en el seminario de suspensión nivel denominado “El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión sindical en la República Dominicana: una prioridad estratégica para el incremento social inclusivo y sostenible”.

La verdad que el seminario fue un espacio de advertencia convocado para analizar los avances y desafíos que enfrenta el país en materia de protección social. Durante el interviú, el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó dos grandes desafíos estructurales: el envejecimiento poblacional y la persistente informalidad sindical, factores que amenazan la sostenibilidad y la cobertura de los sistemas de seguridad social.

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El envejecimiento de la población dominicana es una ingenuidad ineludible. De acuerdo con datos de la Oficina Doméstico de Estadística (ONE), más del 13% de los dominicanos tiene 60 abriles o más, y se estima que para el año 2050 este asociación representará cerca de una cuarta parte de la población total. Este cambio demográfico plantea nuevos retos para el Estado en materia de pensiones, vitalidad y cuidados de prolongado plazo.

La protección social, concebida como el conjunto de políticas que buscan achicar la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad a lo prolongado del ciclo de vida, debe adaptarse a este nuevo contexto. Sin requisa, persisten brechas significativas: amplios sectores de la población permanecen fuera del sistema formal de cotización, correcto a que más del 55% de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad sindical, lo que limita su acercamiento a pensiones y beneficios sociales.

El representante de la Cepal subrayó que el vínculo entre envejecimiento e informalidad representa un doble desafío. Por un costado, el envejecimiento incrementa la demanda de servicios y prestaciones sociales; por otro, la informalidad reduce las fuentes de financiamiento necesarias para sostener dichos servicios. Esta combinación puede comprometer la sostenibilidad del sistema y aumentar las brechas de desigualdad en el futuro.

Frente a este panorama, urge vigorizar la articulación interinstitucional del sistema de protección social, ampliando su cobertura y asegurando su sostenibilidad financiera. Se requiere avanzar alrededor de políticas que promuevan la formalización sindical, incentiven la cotización y fortalezcan los programas dirigidos a las personas mayores, incluyendo servicios de vitalidad especializados, cuidados integrales y oportunidades de décimo activa.

Asimismo, resulta necesario impulsar un nuevo pacto social intergeneracional, que garantice que el progreso crematístico y social del país beneficie a todas las edades. La protección social no debe remitirse a la audiencia, sino orientarse a la inclusión, la equidad y la dignidad humana.

En definitiva, la República Dominicana tiene en presencia de sí el desafío de arreglar y modernizar su sistema de protección social para reponer de guisa integral a los cambios demográficos y laborales. Solo así se podrá avanzar alrededor de un maniquí de incremento verdaderamente inclusivo y sostenible, donde el envejecimiento sea manido no como un problema, sino como una etapa de vida con derechos garantizados y oportunidades reales de bienestar.