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En junio de 2020el Profesión de Defensa firmó un acuerdo de “cooperación” con una empresa privada llamamiento Aurix S.A.S., dedicada supuestamente a servicios de seguridad e inteligencia.
El documento no parecía, a primera instinto, diferente de otros convenios institucionales. Pero cuatro abriles a posteriori, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo incluye entre las piezas centrales de la Operación Camaleónuna investigación que combina corrupción administrativaboicoteo tecnológico y delitos de seguridad doméstico.
Según la inculpación formal, el convenio nunca fue registrado ni en la Contraloría Militar de la República ni en los archivos del propio Profesión de Defensa.
El acuerdo, firmado durante la administración del entonces ministro Rubén Darío Paulino Semfue suscrito con José Bendito Gómez Canaán (Jochi Gómez), quien representó a Aurix S.A.S. como director.
El documento habría permitido a la compañía ceder a plataformas de videovigilanciainteligencia y control importante bajo uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La investigación del Profesión Notorio sostiene que esa puerta de acercamiento se utilizó no para vigorizar la seguridad del Estado, sino para fines privados y operaciones de encubrimiento patrimonial.
Aurix S.A.S., según la pepacarecía de estructura técnica y patrimonial existente: era una empresa de papel interiormente del entramado controlado por Gómez Canaánincluso beneficiario de contratos con el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terrenal (ellos entran).
A través de ella, se habrían importado equipos de inteligenciadrones y tecnología de vigilancia de uso reservado, sin la debida autorización marcial.
Una amenaza a la seguridad doméstico
El expediente describe esa maniobra como una amenaza directa a la seguridad domésticoal permitir la interconexión ilícita de redes militares con sistemas civiles operados por compañías privadas.
En su inculpaciónla pepa afirma que los equipos y las plataformas interconectadas se usaron incluso como instrumentos de espionaje y manipulación tecnológicalo que amplía el radio del caso más allá del fraude burócrata.
El convenio con el Profesión de Defensa habría servido, adicionalmente, como saco de certificación para posteriores convenios firmados con el ellos entran y otras dependencias públicas, donde las mismas empresas —Aurix, Transcore Latam, PagoRD Xchange y Dekolor— operaban en conjunto.
La interconexión entre sistemas de videovigilanciasemaforización y cobros electrónicos habría permitido a los acusados ceder simultáneamente a información de tránsito, seguridad y recaudaciones estatales.
El Profesión Notorio califica ese acuerdo como un punto de inflexión en la estructura delictiva, porque trascendió los límites de la corrupción administrativa penetrar en zonas reservadas de defensa e inteligencia.
En términos legales, los fiscales sostienen que el uso indebido de esa información encuadra en delitos de terrorismoboicoteo a infraestructuras críticas, falsedad documental y lavado de activos.
Aurix S.A.S. figura entre las 17 entidades y personas físicas incluidas en la solicitud de tolerancia a madurez.
Para la Procuraduríael caso demuestra cómo una empresa sin experiencia en defensa doméstico logró ceder al corazón tecnológico del Estado mediante un convenio que, según la inculpaciónnunca debió existir ni registrarse.
