Estados Unidos.– La directora del Servicio Manifiesto de Radiodifusión (PBS), Paula Kergerdenunció que la flamante orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trumpque investigación eliminar el financiamiento federal a PBS y la Radiodifusión Pública Franquista (NPR)es “flagrantemente ilegal” y representa una amenaza sin precedentes para los medios públicos en Estados Unidos.

Kerger advirtió que esta medida compromete la capacidad de PBS de seguir brindando programación educativa y de interés divulgado, un servicio que la sujeción ha ofrecido durante más de medio siglo. “Actualmente estamos evaluando todas las opciones legales para estabilizar la continuidad del servicio a nuestras estaciones miembros y a las audiencias de todo el país”, afirmó.

La orden, firmada el jueves por la perplejidad, instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) y a otras agencias federales a “cesar la financiación federal” a PBS y NPR. Por otra parte, solicita erradicar fuentes indirectas de fondos públicos a organizaciones de noticiario, a las que la Casa Blanca calificó como promotoras de “Propaganda Radical y despertar”.

Sin secuestro, la CPB respondió que no se considera una agencia ejecutiva sujeta a las órdenes presidenciales. Por otra parte, presentó una demanda tras el anuncio de Trump de que destituiría a tres de los cinco miembros de su acoplamiento directiva, medida que podría paralizar sus operaciones.

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La viejo parte de los fondos públicos destinados a PBS y NPR se canaliza directamente a sus estaciones locales, muchas de las cuales operan en mercados pequeños y dependen críticamente de este financiamiento. Estas estaciones podrían carear recortaduras devastadores si se implementa la orden.

Aunque históricamente los medios públicos han sido blanco de recortaduras por parte de legisladores republicanos, los fuertes lazos locales de estas emisoras han permitido que sobrevivan. Sin secuestro, esta orden ejecutiva se percibe como la amenaza más seria en la historia del sistema de radiodifusión pública en EE.UU.

La iniciativa igualmente se enmarca en una serie de acciones emprendidas por Trump durante su mandato para debilitar o coartar a instituciones que considera críticas de su gobierno.