Jean Alain Rodríguez mientras abandonaba una sala de audiencias este jueves 1ro. de mayo, 2025

Santo Domingo, 1 may (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico varió este jueves la medida de coerción que pesaba sobre el exfiscal caudillo de la República Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa conocido como Medusa, y dictó el alzamiento de la prisión domiciliaria y la retirada del grillete electrónico.

Se mantiene para Rodríguez una aval económica de 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país, según la audacia legal.

«ENTEREZA Y PÀCIENCIA»

A la salida de la sala, el exprocurador aseguró a los periodistas que, aunque ha sido «asaz duro», asumió con «mucha entereza y paciencia» los casi cuatro primaveras de privación de excarcelación, de ellos 18 meses de prisión preventiva, aunque, aseguró, no debería sobrevenir sido «un solo día».

«Llegó el momento de que estemos de dorso en excarcelación», dijo Rodríguez, quien ayer de que el tribunal variara las medidas prometió no sustraerse del proceso penal.

BUSCAN DESTRUIR PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por su parte, representantes de la Fiscalía, que pedían el mantenimiento de la prisión domiciliaria, indicaron que el proceso sigue, que se va a continuar juzgando la culpabilidad o la inocencia de Rodríguez y que el Ocupación Manifiesto va a hacer lo posible para destruir la presunción de inocencia en almohadilla a la incriminación y los instrumentos de prueba durante el razón, cuyo inicio se ha aplazado al 23 de junio próximo.

Encima de Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa están acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Venerable, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Pardo, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, así como 22 empresas.

Afrontan cargos por supuesta corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante la administración de Rodríguez como procurador caudillo de la República (2016-2020).

Según el expediente acusatorio, se malversaron más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría Genérico de la República.

ACM-SP