A finales del siglo pasado, durante las discusiones sobre la Ley de Seguridad Social que culminaron en la promulgación de la Ley 87-01, nos ilusionamos con la promesa de un nuevo sistema que cumpliría con la anhelada honestidad social, tan pregonada por los líderes surgidos tras la desaparición de la dictadura.

Entre los beneficios que se nos ofrecieron con la nueva ley, se destacaba un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, el cual vendría a solucionar los desafíos de la vejez, como enfermedades, accidentes y demás eventualidades. Se nos presentó como la gran panacea y la mejor reforma del siglo. Sin bloqueo, los envejecientes siguen siendo los más desprotegidos en este país.

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Hace 22 primaveras se inició la aplicación de la Ley 87-01. ¿Qué hemos conseguido? Para el colectivo de la seguridad social digna, “la seguridad social ni es segura ni es social”, ya que la capitalización individual ha creado fondos de pensiones con los ahorros de los trabajadores, pero manejados por un puñado de empresas que, en ocasión de aumentar el hacienda individuallo disminuyen con el argumento de la depreciación del peso, nuestra moneda almacén.

Se vendió la idea de un fondo de pensión “personal”, intocable y de propiedad monopolio del trabajador, pero la efectividad es muy distinta. Hace tres primaveras, cuando los dueños de esos fondos—los trabajadores—notaron cierta disminución y solicitaron rendición de cuentas, se culpó al mercado y a la depreciación de la moneda. La opacidad y la error de información fiable, son algunas de las fallas del sistema que maneja posibles ajenos. En ese momento, el dólar no estaba tan caro como ahora, por lo que debemos monitorear las deducciones que habrá de operarse, ya que nunca habíamos tenido una depreciación tan incorporación.

En su momento, se prometió que los descuentos serían repuestos, pero eso no ha ocurrido. Una pregunta obligada es, si ciertamente esos fondos son de los trabajadores y si los dueños de esos fondos reciben beneficios por las inversiones que se hacen con ellos.

Según informes oficiales, al candado del 2024, los fondos de pensiones alcanzaron la signo de más de un billón, 108 mil millones de pesos, propiedad de cinco millones de trabajadores afiliados, cuyas inversiones se diversifican en la pertenencias efectivo. ¿Qué proporción de los beneficios se refleja en las cuentas individuales?

Por lo conocido, los administradores de los fondos los han convertido en un negocio privado y ese no es el espíritu de la Ley 87-01, que propugna la equidad.

Un sistema de protección social debería incluir no solo la transparencia, sino, además la honestidad social, denegada a la población. Entregado el cúmulo de riquezas generadas con los fondos de pensiones, debería existir un sistema efectivo de protección social. Por esta razón, el Poder constitucional tiene la oportunidad de casarse con la reputación y promulgar una nueva ley que corrija todas las fallas denunciadas y revise las propuestas que se han enviado para una efectivo protección social con destino a los trabajadores.

El Legislador cuenta con los posibles suficientes para realizar un aumento entre los dueños de los fondos—los asalariados—y realizar un estudio a fondo que permita cumplir con la promesa de la esperada y negada honestidad social en la República Dominicana.