De acuerdo con datos de la Estructura Internacional de Policía Criminal (Interpol) y del Software de las Naciones Unidas para el Medio Bullicio (Pnuma), los delitos ambientales constituyen una de las actividades ilícitas más lucrativas, ocupando el tercer circunscripción en el mundo, solo por detrás del narcotráfico (US$344,000 millones) y las falsificaciones (US$288,000 millones). República Dominicana no es ajena a este flagelo.

Según datos de la Oficina Doméstico de Estadística (ONE), al obstrucción de 2024 el país recibió un total de 2,911 denuncias ambientales. El 32% de estas, realizadas a través de la Carrera Verde del Profesión de Medio Bullicio y Posibles Naturales (Mimarena), correspondió a la región Ozama. Es aseverar, el Gran Santo Domingo registró la anciano cantidad de estos delitos, con un total de 940 denuncias formales.

El compra en planificación, administración y supervisión de la protección del medioambientecomo proporción de la protección de la biodiversidad y la orden de desechos, alcanzó el pasado año los RD$11,433.21 millones. De esa cantidad, RD$6,964.41 millones correspondieron a la protección de la biodiversidad y la orden de desechos, y RD$4,468.80 millones a planificación, administración y supervisión, conforme a datos del Sistema de Información de la Papeleo Financiera (Sigef).

“En 2024, el compra destinado a la planificación, administración y supervisión de la protección del medioambiente representó el 64.17% del compra total en protección de la biodiversidad y administración de desechos”, señala el mensaje ministerial titulado “Protección, administración y billete ambiental”.

A Santo Domingo y al Distrito Doméstico le siguen Santiago, con un total de 344 denuncias; La Vega, con 174; Espaillat, con 173 delitos ambientales; San Cristóbal, con 134; Valverde, con 122; Puerto Plata, con 104; Azua, con 102, y Samaná, con 94 denuncias ambientales. En tanto, las provincias con último número de denuncias registradas son San José de Ocoa (10), Hermanas Mirabal (13), Pedernales (22), Hato Maduro (22) y Elías Piña (23).

El documento, basado en datos de Mimarena, indica que un sujeto importante es la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones para denunciar a través de estos mecanismos.

Esfuerzos conjuntos

El Poder Legal dominicano reconoce que, si admisiblemente el país ocupa el puesto 104 de 180 en el Índice de Desempeño Ambiental (2024), a pesar de abrigar una significativa biodiversidad, se están realizando avances institucionales para vigorizar la honestidad ambiental. La colchoneta justo, establecida en la Ley 64-00 sobre Medio Bullicio, ha comenzado a aplicarse con anciano rigor, como lo demuestra el aumento del 12% en las sentencias firmes por delitos ambientales desde 2022, según la Procuraduría Común.

Asimismo, señala que la colaboración entre el Profesión Divulgadoel Poder Legal, técnicos ambientales y comunidades locales ha sido esencia para la elaboración de sanciones en casos relevantes, como la cuna ilegal de arena en el río Yaque del Ideal. Subraya, en su portal institucional, que este trabajo conjunto se perfila como una aparejo efectiva para la protección de los ecosistemas y para invadir los impactos directos de los crímenes ecológicos en la población, como la salinización de acuíferos en Montecristi o la disminución de ingresos por la pesca con explosivos en Pedernales.

Por otra parte, indica que, para hacer frente a estos complejos procesos, las instituciones judiciales están incorporando cada vez más peritos y evidencia científica, con el fin de que las decisiones estén mejor fundamentadas técnicamente.

Tipo de delito ambiental

El mensaje de la ONE señala que, por medio de la Carrera Verde, en 2024 las denuncias vinculadas a la administración ambiental, los capital forestales y los capital costeros y marinos experimentaron ligeras disminuciones porcentuales en comparación con 2023. En cuanto a suelos y aguas, áreas protegidas y biodiversidad, se registró un aumento de 5.72 y 1.59 puntos porcentuales, respectivamente.

La contaminación atmosférica representa el 32.09% del total de denuncias. Seguida de la deforestación de bosques (17.4%), contaminación sónica (10%), 9.2% otras denuncias, que contempla la cuna de material de la corteza terráqueo, cuna ilegal de agregados en cuerpos hídricos, comercio y tenencia de fauna en peligro y/o amenazadas, barrido y nivelación ilegal de terrenos, entre otras. Residuos sólidos y construcción ilegal, el 9.1% y 9%, respectivamente.

Respecto a los incendios forestales, el documento subraya que en 2024 hubo una reducción en el número de incendios registrados con relación a 2023: bajaron de 863 a 419, es aseverar, 444 menos. La anciano disminución se produjo entre enero y abril, con una reducción de 729 a 308 incendios (-57.75%). Los terrenos afectados se estimaron en 99,525 tareas.