En conmemoración del Día Internacional del Trabajoresulta indispensable rememorar que el derecho al trabajo digno no es una aspiración, sino un mandato deliberadamente de la Constitución dominicana. El artículo 62 garantiza a toda persona un empleo digno, con remuneración suficiente y condiciones laborales que respeten su dignidad humana.

La existencia presente nos exige preguntarnos: ¿estamos cumpliendo este compromiso?

Hoy, más del 55% de los trabajadores dominicanos se encuentra en la informalidad. Esta situación no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que contraviene los principios establecidos en los artículos 7 y 62 de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 1 del Código de Trabajo, que reconoce al trabajo como función social bajo la protección del Estado.

Aunque se han registrado aumentos recientes al salario pequeño, alcanzando RD$27,988.80 para grandes empresas, el costo de la canasta básica franquista supera los RD$46,000,00, evidenciando una brecha persistente entre salario e ingreso necesario para sostener una vida digna. Esta disparidad afecta directamente la equidad social y los principios de ecuanimidad establecidos en el artículo 8.1 de la Constitución.

Encima, la Organización Doméstico de Explicación 2030 (Ley No. 1-12) impone al Estado dominicano la obligación de propiciar un mercado gremial inclusivo, competitivo y formalizado, en el que el crecimiento crematístico y la reducción de la pobreza sean posibles sólo a través de empleos dignos y productivos.

En este contexto, la discusión presente sobre la reforma al Código de Trabajo cobra distinto relevancia. Toda modificación legislativa debe respetar el principio de progresividad de los derechos fundamentales, consagrado en el artículo 8.1.4 de la Constitución. Rehacer el régimen de cesantía o flexibilizar derechos adquiridos sin apuntalar mecanismos de protección efectiva sería una regresión inconstitucional inadmisible.

Crecimiento empresarial y trabajo digno: un contienda popular

El fortalecimiento del empleo digno no puede lograrse ignorando la indigencia de un tejido empresarial sólido y competitivo. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 96% del trasto productivo franquista, deben ser aliadas estratégicas en la construcción de un mercado gremial sostenible.

En consecuencia, el Estado dominicano debe promover políticas públicas que:

1. Establezcan incentivos fiscales para las empresas que formalicen empleos y respeten los derechos laborales.
2. Faciliten el comunicación al crédito y financiamiento para negocios que fomenten prácticas laborales dignas.
3. Impulsen programas de capacitación conjunta para elevar la productividad de los trabajadores y blindar la competitividad empresarial.
4. Reduzcan las trabas burocráticas que dificultan la formalización gremial y empresarial.

Aceptar la interdependencia entre trabajo digno y crecimiento empresarial es esencial. Sin empleadores fuertes no hay empleos estables; sin trabajo digno, no hay expansión sostenible.

Un compromiso constitucional impostergable

A pocos días del primero de mayo, debemos encargarse con seriedad que el contienda de dignificar el empleo y blindar el sector empresarial no es solo un ideal: es una obligación constitucional para el Estado, el patronal y la sociedad en su conjunto.

Construir un mercado gremial digno y un sector empresarial robusto no es una opción política ni económica: es la única vía para alcanzar el expansión humano integral y la ecuanimidad social que proclama nuestra Constitución.

República Dominicana merece un futuro donde el trabajo y la empresa no sean vistos como intereses enfrentados, sino como motores complementarios de un país más calibrado, próspero y humano.