José Dantes y otros dirigentes del PLD en rueda de prensa

SAN JUAN.- Los manifestantes rechazaron las políticas autoritarias de la agencia del presidente Donald Trump y denunciaron la colaboración de la gobernadora Jenniffer González Colón y otros funcionarios locales que, según los participantes, replican estilos de gobierno similares en la isla.

“Nos unimos hoy para condenar el creciente exageración de poder del presidente Trump y de los funcionarios que le imitan en Puerto Rico, enviándoles un mensaje claro: el pueblo no será silenciado y nuestros derechos no serán borrados”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, mediante un comunicado de prensa de la ordenamiento. “No cederemos en presencia de los abusos, no cederemos en presencia de las políticas autoritarias, no cederemos en presencia de las amenazas y no cederemos en presencia de el intento de que el pueblo viva con miedo, porque nos sobra fuerza y valentía”, continuó.

De acuerdo con una comunicación, la manifestación en Hato Rey coincidió con eventos similares en todo el país, en los que los participantes expresaron su rechazo al uso abusivo de la Control Franquista, la reducción de servicios de lozanía, las violaciones a los derechos de inmigrantes y la militarización de comunidades.

Los manifestantes portaron carteles con mensajes como “Portar es un derecho”, “Gobierno para la concurrencia, no para el terror” y “Ni imperios, ni dictadores”, y corearon consignas como “¡Trump, audición, estamos en pie de lucha!”, y “Respeta mi existencia o retraso resistor”.

Para Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, la protesta incluso es una respuesta a la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos.

“Nuestra relación colonial con Estados Unidos y los administradores de poca desazón dorsal en nuestro país nos vuelve a poner en una situación muy relajado y reprochable. Respondemos hoy en la calle, en colectivo, con la promesa de la defensa de nuestros derechos, de la seguridad de nuestras comunidades y de nuestra dignidad”, afirmó Narváez.

En total, se informó que unas 38 organizaciones respaldaron una revelación conjunta que destacó la criminalización y violencia cerca de las comunidades migrantes. La protesta en Puerto Rico forma parte de la tercera movilización masiva “No Kings” en Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanosseñaló por escrito: “En Puerto Rico, donde las comunidades migrantes han sido parte de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, nos sostenemos en que portar es un derecho humano obligado por Estados Unidos y las personas migrantes no cometen crimen alguno por el exclusivo hecho de portar”.

La entidad detalló que la protesta incluso denunció la re-militarización de la isla, el impacto de políticas que afectan a mujeres, personas gestantes y comunidades LGBTQIA+, así como el uso de agencias federales para silenciar y perseguir políticamente a sectores civiles y medios de comunicación.

Carmen Ana Dávila, portavoz de Comuna Caribe, indicó que “el presidente Trump ha retomado y aumentado el rol marcial en nuestro país, imponiendo despliegues y ejercicios que afectan a nuestra concurrencia y nuestro medioambiente, generando temor por la posibilidad de conflictos en el Caribe”.

Otros manifestantes, como Justin Jesús Santiago, director de la Pacto LGBTQ+, enfatizaron la quebrantamiento de derechos fundamentales.

“Se han promovido leyes que limitan el golpe a servicios de lozanía reproductiva y se han revertido protecciones contra la discriminación por identidad de clase y orientación sexual. Estas acciones erosionan derechos como el de la lozanía, la intimidad y la dignidad”, explicó Santiago.

Estadio Gallardo, directora ejecutiva de Indulto Internacional de Puerto Rico, denunció que “cuando el golpe a fondos de emergencia o a programas sociales se convierte en una aparejo de coerción política, se amenaza la supervivencia de las comunidades más vulnerables”.

Por su parte, Arturo Massol Deyá, de Casa Pueblo, añadió que la desliz de batalla contra el cambio climático y la priorización de intereses económicos sobre el bienestar colectivo “perpetúan desigualdades y vulneran la dignidad de las poblaciones más afectadas”.

Una enorme bandera de Puerto Rico fue extendida a lo prolongado de la avenida Chardón, mientras los manifestantes exigían derechos fundamentales, seguridad y dignidad.