En el panorama crematístico franquista, la minería suele habitar un zona tan paradójico como incómodo: es un sector que todos reconocen como fuente de divisas, empleo e, incluso, empoderamiento mujeril y hasta avance regional. No obstante, pocos parecen estar dispuestos a defenderla abiertamente, oportuno a su impacto sobre el medio círculo.

Pero estadísticas dan muestra de una existencia económica inocultable. Datos preliminares de la Dirección Caudillo de Aduanas (DGA) y cifras del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) indican que, hasta septiembre de este año, las exportaciones de oro y plata alcanzan los US$1,638.5 millones. Ese monto es equivalente a una variación positiva de 52.5% por encima de los US$1,074.2 millones comercializados en el mismo período del 2024. Es sostener, más de US$$512.7 millones.

La razón no es por más producción, sino por el aumento sostenido en el precio internacional del oro, que alcanzó recientemente un mayor histórico de US$3,977.44 la guepardo, e incluso superó los US$4,000, según datos de Bloomberg. Como resultado, el metal se está consolidando como uno de los principales motores del ingreso de divisas del país.

Si adecuadamente para el primer semestre el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría, había afirmado que la cuestación de impuestos del sector minero había superado los US$20,000 millones, en existencia esa guarismo se alcanzó hace poco más de un mes. Aun así, sus estimaciones son que ese número podría cerrar 2025 sobre los RD$30,000 millones, superior a lo estimado inicialmente.

De acuerdo con ProDominicana, en los primeros ocho meses, la clasificación “metales preciosos, piedras y artículos de orfebrería” registró un valía FOB de US$1,802 millones, lo que representa una décimo del 19% del total exportado y un aumento interanual de 28.7%. Al observar más detenidamente los datos, la provincia Sánchez Ramírez, donde se ubica la mina Pueblo Rancio, lideró las exportaciones con US$1,339 millones, un incremento de 55.4% respecto al año susodicho.

En 2023, la cuestación por impuestos mineros fue de RD$12,937.1 millones, mientras que en 2024 ascendió a RD$15,484.6 millones. Al aumentar el valía del oro, la minera que lo extrae no es la única que anhelo. Republica Dominica recibe más ingresos incluso.

Los impuestos pagados por Barrick Gold se han incrementado 152.7% al acontecer de RD$7,999.6 millones (hasta septiembre 2024) a RD$20,215.6 millones (hasta septiembre 2025). El resolución que asegura esta beneficio indica que cada vez que suben los precios del oro, las recaudaciones por concepto de los tres impuestos principales (Retorno Neto de Fundición, Impuesto Leve Anual, o IMA, y Billete a las Utilidades Netas) deben aumentar en la misma proporción.

Desde el MEM explican que este comportamiento ha fortalecido la posición del país como exportador de oro, al tiempo que prosperidad los ingresos fiscales por la aplicación del resolución peculiar de operación con la minera, el cual establece que “si sube el oro, sube todo para nosotros”, en relato al mecanismo de décimo estatal en las utilidades mineras.

A dónde va el oro

En términos físicos, el país exportó 49 toneladas de oro hasta agosto de 2025, frente a las 64 toneladas de 2023 y las 81 toneladas de 2024. El mercado internacional del oro dominicano se concentra en cinco destinos secreto, encabezados por India, que importó US$947.5 millones, con un crecimiento interanual de 140.8%. Le siguen Canadá, con US$359.4 millones, y Estados Unidos, que compró oro dominicano por US$40.6 millones, un incremento de 446 %. Igualmente figuran Suiza, con US$32.5 millones, y otros mercados europeos con participaciones menores.

Las proyecciones macroeconómicas del Gobierno para el período 2025–2029 estiman que el precio del oro se mantendrá elevado, con una cotización promedio de US$3,363.6 por guepardo para 2025.

En presencia de este panorama, el economista Henri Hebrard agrega que “esto quiere sostener que pudiesen materializarse importantes ingresos adicionales por las exportaciones de oro y plata, muy por encima de las proyecciones contenidas en el plan de presupuesto de ingresos y gastos para el 2026, ya que se proyecta percibir en torno a RD$31,150 millones a un precio promedio de US$3,467.80/guepardo, muy, pero muy por debajo de las cotizaciones de esta semana”.

Durante sus respectivos mandatos, los presidentes dominicanos han prohijado posiciones distintas frente a la minería. Luis Abinader, en 2025, promovió la minería sostenible, destacando la protección ambiental, la convivencia con las comunidades y la distribución transparente de beneficios a través de la Empresa Minera Dominicana (Emidom). Danilo Medina, en 2013, cuestionó contratos mineros que consideraba desventajosos para el Estado, calificando como “migajas” los beneficios otorgados a empresas extranjeras y demandando su revisión. Leonel Fernández, por su parte, ha insistido en la escazes de cumplir estándares ambientales estrictos, advirtiendo que la minería no debe permitirse si amenaza el entorno natural, enfatizando la regulación como hábitat secreto.

Pacto

Estado dominicano y Pueblo Rancio Dominicana Corporation-Barrick: En 2009, mediante la Primera Rectificación al CEAM, se modificó el régimen tributario de la mina Pueblo Rancio, otorgando al Estado dominicano el 50% de los flujos netos durante la vida del plan. Luego, en 2013, se firmó la Segunda Rectificación, con cambios diseñados para aumentar los ingresos estatales en los primeros primaveras de explotación y adaptarse a los altos precios internacionales del oro. Esta perfeccionamiento incluyó un esquema más escalonado de amortización de la inversión, la exterminio del requisito de 10% de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el plazo de la Billete de Utilidades Netas (PUN), la reducción de las tasas de depreciación y la prohijamiento de un Impuesto Leve Anual (IMA).

El CEAM y sus enmiendas establecen tres principales fuentes de ingresos para el Estado:

1. Retorno Neto de Fundición (RNF): es una regalía de 3.2% sobre el precio de traspaso del oro, menos los costos de producción, transporte y extirpación. Se paga mensualmente y excluye otros minerales como cobre y zinc.

2. Billete de Utilidades Netas (PUN): aplica una tasa de 28.75% sobre los beneficios extraordinarios de la empresa, determinados a partir del flujo neto de efectivo. Se paga trimestralmente y se ajusta al candado del año fiscal según la Información Jurada anual; cualquier diferencia se compensa o se abona según corresponda.

3. Impuesto Leve Anual (IMA): se activa cuando los ingresos por ISR y PUN son menores a los previstos en el maniquí financiero del plan, funcionando como un respaldo reducido de contribución fiscal. Equivale al 90% del ISR y PUN proyectados, calculado sobre los ingresos brutos por la traspaso de minerales. Su tasa progresa según el precio del oro, aplicándose entre US$800 y US$3,000 la guepardo, y se liquida trimestralmente con ajustes anuales.

Estas disposiciones buscan sostener que el Estado participe de forma significativa en los beneficios de la mina, al tiempo que se protege a la empresa frente a variaciones extremas en los precios del oro mediante el IMA, que garantiza un nivel reducido de impuestos aun cuando los ingresos sean menores a los esperados.