PUNTA CANA, República Dominicana (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó en su crónica anual ciertas iniciativas legislativas en República Dominicana que podrían afectar la sencillez de prensa.
La SIP, que concluye este domingo su 81 Asamblea Universal en Punta Cana, este de República Dominicana, se refirió el Tesina de Ley Orgánica sobre Liberación de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido con previo consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), entre otras organizaciones, que despertó un debate de carácter doméstico.
El Poder Ejecutor presentó al Senado ese plan que incluye la creación del Instituto Doméstico de Comunicación (Inacom) como un empresa regulador supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de telediario, con el foco en proteger la privacidad y dignidad de las personas.
FUERTES CRITICAS SECTORES POLITICOS
Sin incautación, la iniciativa, trabajada por dos abriles por una comisión designada por el presidente, Luis Abinader, ha generado fuertes críticas de sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes, que advierten que el Inacom, diseñado como empresa independiente, «tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura público», señaló la SIP.
Por su parte, el Gobierno, los principales medios, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y reconocidos periodistas apoyan la iniciativa, argumentando que protege la sencillez de expresión sin censura previa y consagra respeto a la crítica pública.
En su crónica, la estructura asimismo denunció que los periodistas han reportado un hermetismo creciente del Gobierno.
EQUIPO SEGURIDAD SE HA VUELTO MAS AGRESIVO
Por ejemplo, el comunicación al Palacio Doméstico, que ayer se obtenía con una identificación de prensa verificada, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Los reporteros denuncian que se les impide interviuvar autónomamente a funcionarios y que el equipo de seguridad se ha vuelto más agresivo durante las conferencias.
El Gobierno, por su costado, ha reafirmado su compromiso con la sencillez de prensa en foros internacionales y locales cada vez que se suscitan denuncias de maltratos verbales o físicos contra periodistas, sostuvo la SIP.
Por otro costado, la estructura se refirió a un caso del ‘Listín Diario’, decano de los periódicos locales, que en mayo denunció un acto de censura extranjera, luego de que la empresa estadounidense Network Solutions le emitió un ultimátum de 48 horas para eliminar una comunicado sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.
El medio rechazó la amenaza, canceló su resolución con la empresa y lo denunció como una violación evidente a la sencillez de expresión, destacando la penuria de que existan marcos legales que protejan contra la censura indirecta.
Durante este periodo, el senador oficialista Rafael Duluc presentó una iniciativa adicional que penaliza toda expresión que incite al odio, la hostilidad o la discriminación.
«Si admisiblemente la intención declarada es laudable, la imprecisión en su redacción genera temor de que pudiera ser utilizada de forma arbitraria para silenciar la crítica y la ocupación del periodismo de investigación», señaló la SIP en su crónica.
SUSPENSIONES DE PROGRAMAS
El documento asimismo recoge la intrepidez del Tarea de Civilización de emitir una resolución con pautas de comportamiento para los medios, mientras que la Comisión Doméstico de Espectáculos Públicos suspendió por 30 días el software radial Sin Filtro y al músico Sujeto Oro 24 por usar «jerga vulgar y expresiones maliciosas”.
Por otra parte, afirmó la SIP se sucedieron varios incidentes de agresiones y limitaciones al trabajo de la prensa, perpetrados por guardaespaldas de funcionarios públicos.
Un caso trascendente, destacó la SIP, involucró a los escoltas de la vicepresidenta, Raquel Peña, quien luego se disculpó públicamente por el incidente. Otro caso similar involucró a la seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.
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