Durante los últimos 25 abriles, el narcotráfico ha contrario en la política un circunscripción fértil donde tratar con cierta comodidad. Personas vinculadas a redes internacionales de drogas o al lavado de activos han trillado en los partidos políticos un escudo, un espacio desde el cual guarecerse o, en muchos casos, “blanquear” lo mal habido bajo el amparo del poder.

Hoy, los señalamientos más recientes de las autoridades estadounidenses vuelven a colocar el tema en el centro del debate divulgado. Las acusaciones contra diputados, regidores, funcionarios y asesores del presente gobierno han servido de combustible para que la examen, especialmente el Partido de la Independencia Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), acuñen el calificativo de “narcopartido” al Partido Revolucionario Flamante (PRM).

Sin requisa, esta postura resulta, cuando menos, cómoda y conveniente para quienes hoy critican desde fuera, pero ayer guardaron silencio o incluso protegieron a figuras con vínculos comprobados con el narcotráfico. La historia flamante del país demuestra que, durante los gobiernos de los partidos que hoy están en la examen, todavía hubo congresistas, alcaldes y dirigentes partidarios bajo investigación o incluso condenados por delitos similares.

El discurso moralista de algunos actores políticos contrasta con su pasado. Muchos de los que hoy levantan la voz para exigir transparencia y castigo nunca demostraron la voluntad política para enemistar con firmeza este flagelo cuando tuvieron el control del Estado. Por el contrario, en aquel entonces el poder fue utilizado en numerosas ocasiones para encubrir, dilatar o anular investigaciones que afectaban a sus aliados.

No obstante, existe una diferencia importante con el pasado. A diferencia de otros gobiernos, los señalados por narcotráfico en la presente papeleo no están siendo protegidos. Las autoridades han colaborado abiertamente con organismos internacionales, como la DEA y el Unidad de Honradez de los Estados Unidos, y los funcionarios o allegados al poder acusados de delitos graves han sido destituidos o entregados a la probidad sin titubeos.

Esto no significa que el PRM esté exento de responsabilidad política, ni que el problema esté resuelto. Pero sí marca un punto de inflexión en la forma en que el poder aborda un tema históricamente cargado de silencio y complicidad.

Mientras tanto, la examen debería encargarse su cuota de responsabilidad y inspeccionar que los casos que hoy indignan a la opinión pública no surgieron de la mínimo. Muchos de los implicados en procesos actuales iniciaron sus operaciones ilícitas hace más de una decenio, cuando el oficialismo de entonces —hoy examen— tenía bajo su control los organismos de investigación, la probidad y la filial pública.

La verdad es que el narcotráfico no tiene color partidario. Ha sabido infiltrarse en todos los espacios, aprovechando las debilidades institucionales, la desliz de control en el financiamiento político y el silencio cómplice de las cúpulas partidarias. Lo que hoy vemos en el PRM no es un aberración nuevo, sino la consecuencia de décadas de permisividad, impunidad y desliz de voluntad política para depurar las estructuras del poder.

Si poco deja en evidencia esta coyuntura, es que ningún partido ha estado completamente desconocedor al narcotráfico. Pero todavía revela que la sociedad dominicana está menos dispuesta que ayer a tolerar la impunidad. La lucha contra el crimen organizado no puede ser un armamento electoral; debe ser una política de Estado, sostenida, sin privilegios y sin excepciones.

El serio cambio no vendrá de discursos moralistas, sino de acciones coherentes y sostenidas. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los políticos se acusan unos a otros de tener vínculos con el narcotráfico, mientras el problema continúa creciendo a la sombra de su hipocresía.