En los hechos, todo ciudadano que en la República Dominicana reside fuera del Gran Santo Domingo (D.N. o la renta+provincia Santo Domingo) es un ciudadano y una ciudadana de segunda categoría. Y quienes viven en las restantes 31 provincias, con sus municipios, distritos municipales, secciones y parajes, es probable que, por su condición social y económica, se les considere ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría.

Hacer esta afirmación puede considerarse, en primera instancia, como una exageración. Pero si el leedor se adentra en las condiciones de vida de los lugareños y en los servicios que recibe, entonces podremos darnos cuenta de que no se manejo de una hipérbole. Y más cuando consideramos los posibles financieros que cada mes reciben las instancias municipales que gobiernan estos territorios.

Puede percibir: ¿Y qué de la vigor?

Cuando hablamos de la pobreza dominicana, debemos considerar que hay diferencias profundas entre las zonas urbanas y las rurales, lo mismo que cuando nos referimos a los servicios de vigor, suministro de agua potable, educación, recogida de los desechos sólidos, alumbrado eléctrico, asfaltado de las vías o calles, etcétera.

Esta es una desigualdad que los gobernantes dominicanos tienen que emprender a eliminar. Porque es una injusticia, si lo vemos en términos morales, y es una retranca para el progreso de la nación, si lo valoramos desde un enfoque económico-social.

Por abriles, el Poder Ejecutor ha manejado a su antojo los posibles financieros que ingresan al fisco, aunque leyes, decretos y normas contengan pautas diferentes. Puntada una oración en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, como se ha estado haciendo y viendo por abriles. Por supuesto, el criterio político-partidario no ha dejado de estar presente.

Los políticos profesionales tienen que dejar de divulgar a los ayuntamientos el estigma de que son malos administradores de los posibles que ponen en sus manos. Probablemente, no lo son menos que los gobernantes nacionales. Y si fuere el caso, ahí tenemos a la Coalición Municipal Dominicana, a las universidades y a los miembros de la Cámara de Cuentas para ayudar a crear medios técnicos que ayuden a los directivos municipales a admisiblemente manejar los fondos públicos.

Si mantenemos el desbalance presupuestario presente entre el Gran Santo Domingo y el resto del paraje, los habitantes de las 31 provincias restantes se mudarán para la Renta+provincia Santo Domingo.

Actuemos ahora, que no nos queda mucho tiempo.