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Por Luis Ma. Ruiz Pou
(correo electrónico protegido)
En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA y símbolo del antiimperialismo iberoamericano, ganó las elecciones presidenciales. Pero nunca gobernó. Las Fuerzas Armadas, desconfiando de su ideología y temiendo una transformación estructural del país, vetaron su promoción al poder. El desgracia institucional que siguió—liderado por el común Ricardo Pérez Godoy—no solo destituyó al presidente Manuel Prado Ugarteche, sino que anuló los comicios y borró la voluntad popular.
Ese episodio no fue una excepción. Fue el inicio de una tradición política peruana donde el Congreso, las Fuerzas Armadas y los intereses fácticos han operado como filtros de gobernabilidad. Desde entonces, el país ha manido cómo presidentes electos son destituidos, encarcelados o forzados a renunciar, no por el veredicto ciudadano, sino por el cálculo político de quienes controlan las instituciones.
La figura de la “incapacidad casto permanente”, consagrada en el artículo 113 de la Constitución, ha sido usada como un comodín para descansar presidentes sin aprieto de pruebas judiciales ni consenso ético. Lo que comenzó como una cláusula extra se ha convertido en una utensilio de desgaste y chantaje político.
Desde el año dos mil, este artículo se ha estado utilizando en el Perú para explicar golpes de estado congresual contra varios mandatarios. De acuerdo con dicho artículo, el Congreso tiene la potencial de resolver la presidencia “vacante” por los siguientes motivos: Homicidio del presidente de la República- Incapacidad casto o física permanente, declarada por el Congreso. – Recepción de la renuncia por parte del Congreso. Salida del zona doméstico sin permiso del Congreso, o no regresar internamente del plazo fijado. Destitución, tras poseer sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.
Este extremo punto es esencia en el contexto de una eventual destitución: no puntada con una intrepidez política del Congreso, sino que debe poseer una beneplácito previa por infracción constitucional, como las que se detallan en el artículo 117 (por ejemplo, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los casos permitidos, etc.). Sin confiscación, la presidenta destituida Dina Boluarte, nunca fue objeto de una beneplácito por violación a lo que dispone dicho artículo.
No obstante, El Congreso de Perú aprobó de modo exprés con 121 votos a atención de 130 posibles, la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad casto permanente” para malquistar el embestida del crimen organizado en el país. Su abogado, alegó que el víscera parlamento violó el correcto proceso porque no dio a su representada el tiempo suficiente para presentar su defensa. El derecho a la defensa, y su preparación internamente de un plazo moderado, es un derecho constitucional. ¡Fue un desgracia de esta instituciona!
Está verificado que, en Perú, la aplicación pura y simple del artículo 113 de la constitución, ha estado creando crisis y grandes falencias institucionales, perjudicando a las grandes mayorías de la sociedad peruana. La nuevo caída de la presidenta Boluarte, acusada de “incapacidad casto permanente”, no es una excepción sino parte de un patrón que revela una enfermedad más profunda; la rozamiento ética de la política como servicio notorio.
Perú no sufre solo de inestabilidad política; sufre de una civilización institucional que ha normalizado la traición al mandato popular. Cuando la ley se convierte en bisturí para amputar gobiernos incómodos, y el Congreso actúa como tribunal sin ética ni derecho, la democracia se convierte en simulacro. La vacancia por “incapacidad casto” ya no es un sensatez, sino una sentencia sin proceso.
La historia que comenzó con el veto a Haya de la Torre se repite con Boluarte, y probablemente se repetirá con quien venga luego, si no se reforma el pacto constitucional y se recupera el sentido ético de la política. No puntada con cambiar presidentes: hay que cambiar el modo en que se ejerce el poder. Porque una República que no deja mandar, no es una República: es una ruina con frontispicio democrática.
¿Qué ocurre cuando el Congreso, acullá de ser contrapeso, se convierte en mortificación? ¿Qué queda de la democracia cuando la ley se convierte en utensilio de revancha y no de equidad?
10/10/2025
