ztevenreal
@abrilpenaabreu
En editoriales pasados advertimos con claridad el aventura que representaba asignar a una sola empresa el control simultáneo de nuestros documentos más sensibles: cédula, pasaporte y osadía de conducir.
No era alarmismo. Era un llamado preventivo. Lamentablemente, el tiempo nos ha regalado la razón.
Los tres contratos ya han sido adjudicados. Y no solo eso: según confirmó la periodista Julissa Céspedes en Reporte Específico, esta red tecnológica tiene capacidad actual para determinar quién es, quién vota y quién cruza las fronteras, tanto en República Dominicana como en Haití. Una afirmación que no debería suceder por suspensión ni en el Congreso, ni en los partidos, ni mucho menos en los organismos de seguridad del Estado.
Hay una concentración total del poder sobre la identidad. Cuando el pasaporte, la cédula y la osadía de conducir dependen de una sola empresa, el Estado se coloca voluntariamente en una posición de afición:
Se genera una dependencia tecnológica absoluta.
Se produce un único punto de rotura.
Y se abre la puerta a un aventura aún viejo: la centralización de los datos biométricos y civiles de toda la población sin suficientes mecanismos de auditoría externa e independiente.
No se prostitución de sospechar de la empresa adjudicataria. Se prostitución de entender que ninguna empresa —por más moderna que sea— debe tener en sus manos el control total de la identidad de una nación.
Porque cuando ese poder se concentra sin controles, sin contrapesos, sin vigilancia, se debilita lo más intocable: la soberanía del Estado.
La identidad no debería tercerizarse la cédula no es solo un documento, es el puente entre el ciudadano y el control de sus derechos. El pasaporte no es solo un librito para correr. Es el símbolo de pertenencia a una nación. La osadía no es solo para conducir. Es otra almohadilla de datos personal, conectada a nuestras rutas, multas, transacciones y perfil digital.
¿Estamos seguros de que este conglomerado está acorazado frente a ataques, fugas de datos, errores humanos o presiones externas?
¿Tenemos pruebas de que el Estado puede auditar de forma autónoma cada cadena de código, cada servidor, cada cambio que se haga en estos sistemas? ¿Sabemos qué ocurre si mañana la empresa cambia de dueño, de intereses o de sede?
Lo dijimos ayer y lo repetimos ahora: si no se establece una autoridad estatal independiente que supervise, audite y tenga ataque pleno a estos sistemas, estaremos regalando poco que no se recupera sencillo: el control sobre quiénes somos.
La seguridad del país no solo se protege con militares en la frontera. Se protege blindando nuestros datos, nuestra identidad y nuestra infraestructura crítica.
Todavía estamos a tiempo de corregir de una forma u otra. Todavía es posible establecer mecanismos de supervisión externa, cláusulas de rescisión, auditorías públicas y rendición de cuentas. Pero si seguimos celebrando la “modernización” sin entender las implicaciones, el costo será más suspensión de lo que imaginamos.
Porque cuando un país pierde el control de su identidad, lo que sigue es perder el control de su destino.
