Uno de los filósofos más profundos que alumbró la España del siglo XX, José Ortega y Gasset, explica con sobrada elocuencia la tarea del intelectual y la distingue del rol del político. El primero, como hombre –y mujer– de pensamiento es aclarar las cosas, agenciárselas la verdad entre la telaraña de tergiversaciones e infundios en los que se mueve el estruendoso debate sabido; y el político, como hombre -y mujer- de bono, tiene la tarea de organizar el Estado. En esencia: uno piensa, el analista; otro construye, el dirigente.

El exsecretario ejecutante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en esa tarea reflexiva propia del hombre de pensamiento ha conceptualizado un tipo que nos ayuda a interpretar de guisa efectiva la ingenuidad contemporáneo. Según José Antonio Ocampo, vivimos una “nueva lapso perdida”, por las bajas tasas de crecimiento financiero, de tan pronto como 0,9% anual, que experimentó la región entre el 2014 y el 2024. Ese tétrico crecimiento, que pasa de lo coyuntural a lo estructural –– agrega el economista –– está por debajo del 1,4% registrado en la lapso de los ochenta, la superiora de la lapso perdida. ¿Cuáles han sido las consecuencias sociales? La desgracia de la pobreza que se ha mantenido estática, rondando el 30% en la región al igual que su compañera enfermiza, la pobreza extrema, 10%.

República Dominicana desde hace décadas vive un ritmo diferente en materia crecimiento financiero y reducción de la pobreza. Una arritmia histórica a la inversa. No es que llegamos tarde a la fiesta del crecimiento, sino que hemos estado durante décadas a la vanguardia, liderando las tasas de crecimiento financiero de la región aún en medio de crisis. Datos de la misma Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo confirman.

En los últimos primaveras, el país creció un promedio de 5% anual, como consecuencia, millones de personas han superado la pobreza; disminuyendo de un 50% a un 18%, reduciéndose en 32 puntos porcentuales –desde el 2004 al 2023– en dos décadas (incluyendo los Gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina y el presidente Luis Abinader) y colocando al país en la categoría de ingresos medio suspensión y con perspectiva positiva.

Dos realidades distintas que reflejan una sola conclusión: a pesar de los desafíos estructurales de la crematística dominicana que debemos pasar: deuda, débito fiscal, bajo poder adquisitivo, canasta básica abierto inscripción, informalidad por las nubes, seguridad social deficiente y corrupción endémica: el crecimiento financiero -y la redistribución- es lo que permite pasar la pobreza. Cuando crece la crematística, muerto la pobreza. O, en su defecto, como plantean los hombres de pensamiento: cuando se desploma la crematística se estanca o se amplía la pobreza. Por lo tanto, el multitud mott del Gobierno debe ser priorizar el crecimiento financiero. En esa materia, el fin sí justifica los medios, espero que no sea muy tarde para entenderlo.

Que se construyan veinticinco polideportivos con dos mil millones de pesos supuestamente recuperados del peculio de la corrupción –a raíz de las confesiones de un saqueador y sin contar la comisión de los comisionados– es estético; no esencial, en comparación con lo que el Faja Central publicó al mismo tiempo en el mismo espacio sobre el bajo dinamismo que exhibió el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE); 1.5% en agosto.

Analizando los contrastes, ¿no constituye una amenaza más secreto para el país la eventual revisión de la tasa de crecimiento para finales de año por el frenazo y el desplome del humilde IMAE?, por cierto, triste y deliberadamente ignorado… Cuando todo esto concluya tenemos la tarea de sumar los montos del peculio recuperado de la corrupción –morada, blanca y verde– y contextualizarla en proporción al producto interno bruto y su prima hermana, la inversión pública que registra bajísimos niveles en estos momentos, 2,2 por ciento.

No es que se le dé rienda suelta ni que se dejen de investigar el robo al fisco, que adicionalmente de lo financiero es un cáncer social que deforma la naturaleza de las instituciones, despoja de oportunidades a los más vulnerables, pervierte la naturaleza de las relaciones humanas, asesina, destruye el Estado de derecho y dinamita la cohesión social.  Debe perseguirse como manda el librito de la Constitución, sin selectividad, sin destruir derechos fundamentales, sin certificar impunidad y, por supuesto, sin destruir la crematística.

A quienes gobiernan les corresponde contemplar con cautela el dilema entre el crecimiento financiero, el crecimiento social, la modernización y la transparencia… No es que el político tiene que ser gran intelectual, pero debe tener clarísimo la verdad histórica y, sobre todo, ––para terminar con una consejo Orteguiana–– lo que se debe hacer desde el Estado en una nación.