La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) denunció ayer a través de un comunicado de prensa que agentes de la Dirección Caudillo de Migración (DGM) han incursionado en propiedades privadas y proyectos de construcción en distintas zonas del país durante horas de la amanecida sin orden legallo que calificó como una “vía de hecho” y un exceso contrario al Estado de derecho.

El presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguezafirmó que estas actuaciones vulneran derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicanaentre ellos la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el correcto proceso.

“Estos operativos, ejecutados sin control legal ni descargo procesal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni incautar haberes de trabajadores o empresas sin amparo procesal”, expresó rodriguez.

La asociación sostuvo que apoya los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, pero advirtió que esos procesos deben realizarse “internamente del ámbito procesal establecido”evitando actuaciones arbitrarias que afecten las garantías constitucionales y la seguridad jurídica del sector construcción.

Respuesta de Migración

En tanto que la Dirección Caudillo de Migración declaró que cuenta con respaldo procesal para inspeccionar construcciones y lugares de trabajo sin pobreza de una orden legal.

La Migración sostiene que esa capacidad se deriva de la Ley 285-04que regula los flujos migratorios en el país. En particular, el Artículo 6, numeral 14, faculta a la DGM a “inspeccionar los lugares de trabajo”.

Encima, indica que el Artículo 107 establece que, con el fin de confirmar el cumplimiento de lo dispuesto, la DGM podrá efectuar inspecciones en los lugares de trabajo para tomar las medidas de superficie, sin perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda el Empleo de Trabajo.

Argumentos

De acuerdo con el equipo procesal de Aprocovicilas actuaciones denunciadas violan disposiciones expresas de la Constituciónentre ellas los artículos 44 (inviolabilidad del domicilio y respeto a la vida privada), 51 (derecho de propiedad), 68 (efectividad de las garantías constitucionales) y 69 (tutela legal efectiva y correcto proceso).

La entidad además citó la Ley Caudillo de Migración No. 285-04la cual —subraya— no autoriza el ingreso a propiedades privadas sin orden legal ni el requisa de haberes fuera de un procedimiento funcionario o penal formalmente establecido.

En su comunicación, Aprocovici calificó esas incursiones como una “vía de hecho”es asegurar, una recital administrativa sin fundamento procesal, que contraviene el principio de licitud y el correcto proceso.

El corporación advirtió que estas acciones no solo afectan los derechos individuales, sino que además “ponen en peligro la imagen de la República Dominicana como un país seguro para la inversión” y generan incertidumbre entre los sectores productivos locales y extranjeros.

rodriguez mixhortó a las autoridades a revisar los protocolos de recital de los agentes de Migración, con el fin de asegurar que los operativos se desarrollen internamente del ámbito constitucional y con respeto al derecho de propiedad.

“El respeto a la ley y a la propiedad privada es la saco de la seguridad jurídica. Pedimos al Estado que mantenga el firmeza entre el control migratorio y la protección de los derechos consagrados por la Constitución“, agregó el dirigente.

“Solo cuando hay evidencias”

La DGM insistió en que esas incursiones se realizan sólo cuando hay evidencias de que en las construcciones se esconden indocumentados y que siempre se hacen en el ámbito procesalpara la defensa del orden, la seguridad ciudadana y con la prioridad de proteger la integridad del división franquista.

Enfatizó que el presidente Luis Abinader y el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado han reiterado la importancia de perseverar la paz social y la estabilidad institucional, por lo que las inspecciones deben interpretarse en el contexto de la protección de la seguridad pública y la soberanía, sin menoscabar derechos fundamentales.