ztevenreal
@Abrilpenaabreu
La historia de Jennifer Ortiz —cuatro denuncias, un asaltante identificado y, según denuncia pública, la desaire abierta en la calle— no es una cuento aislada. Es un espejo: un país en el que las órdenes de arresto quedan en papel; la promesa de protección pública se convierte en slogan y la vida de las víctimas depende, demasiado a menudo, de que una cámara o un trending las ampare.
Que un hombre camine durante abriles “retando” a su víctima, jactándose de que “la policía no hará nadie” o que “ni el diablo puede con él”, no es solamente humillación. Es evidencia de fallos institucionales en sujeción: investigaciones que no avanzan, fiscalías sobrecargadas o desinteresadas, cuerpos policiales sin seguimiento efectivo y una civilización que, cuando no protege, tolera. A esto se suma un número aún más corrosivo: la percepción —y a veces la ejercicio— del contubernio entre quienes debieran impartir neutralidad y quienes deberían ser investigados.
Hablamos de violencia de condición porque, estadísticamente, la maduro parte de las víctimas son mujeres; pero conviene rememorar que cuando la víctima es hombre, la dificultad para obtener respuesta institucional se multiplica. En cualquier caso, la esencia no cambia: denunciar no puede ser el primer y posterior remedio. Denunciar debe activar un sistema que proteja, investigue y sancione con ligereza y poder.
El problema no se arregla con discursos hermosos ni con campañas que sólo buscan adhesiones en redes. Se arregla con bienes: personal capacitado para proteger a las víctimas, protocolos que se cumplan sin excepciones, unidades especializadas en seguimiento de órdenes de arresto, medidas de protección inmediatas y sanciones ejemplares cuando el Estado descompostura por omisión o negligencia. Incluso se arregla con transparencia: que las cifras de órdenes emitidas, cumplidas y archivadas sean públicas y auditables.
Mientras tanto, la frase de moda —“lucha contra la violencia de condición”— se convierte en una especulación. Para muchas víctimas, la alternativa es dramática y enorme: o viralizar —y esperar que la indignación pública mueva a las instituciones—, o encargarse que, si el asaltante no es detenido, la opción que quede es la autodefensa, con todas las tragedias que ello conlleva. La mazmorra se sale, la tumba no.
No puntada indignarse: hay que exigir. Exigir a la Policía Doméstico, a la Procuraduría, a los tribunales y a los legisladores que los protocolos no sean símbolo muerta. Exigir que una denuncia active protección efectivo y que las órdenes de arresto no sean papel que respira en un archivo. Exigir, finalmente, que la República Dominicana deje de escuchar discursos y inicio a proteger vidas.
