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Por Winston Hernández
El Pregonero, Santiago, R.D. – Una comunidad denunció que fue desalojada violentamente de su vivienda y que su hogar fue demolido con tres niños menores adentro, en lo que aseguran fue una hecho orquestada por una presunta mafia que opera con documentos falsificados, bajo el pretexto de un préstamo inexistente.
La comunidad Ángeles, compuesta por los padres y tres hijos menores de antigüedad, residía en la calle Pedro Infante, en el sector Pekín de Santiago, al costado de la Clínica La Altagracia. Allí, personal actuante ejecutó una sentencia de la Primera Cámara Civil del Distrito Sumarial de Santiago, alegando que la vivienda debía ser embargada por una deuda.
El caso paseo en torno a un supuesto pagaré registrado por un millón de pesos, presuntamente otorgado al primer dueño del inmueble. Sin confiscación, el pagaré está fechado en 2016, mientras que el supuesto deudor falleció en 2015 en Estados Unidos, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la licitud de la sentencia.
El pollo José Teceo Ángeles Rodríguez adquirió la propiedad después, pagando impuestos pendientes en presencia de el Concejo, pero aun así fue desalojado.
Rafael Báez Jiménez, señalado como digno en el pagaré, declaró a este periodista que nunca ha prestado monises a nadie y que fue involucrado en el caso por un compadre suyo. Báez Jiménez, residente en Buena Clarividencia, Jarabacoa, acudió a la Fiscalía de Santiago tras ser citado mediante orden de conducencia. Allí expresó que no firmaría documento alguno sin su abogado, alegando desconocimiento constitucional conveniente a su bajo nivel escolar.
La representante constitucional de la comunidad afectada, la Lic. Mirtha A. Tolentino Alonzo, señaló que el inmueble fue adjudicado a Rafael Báez Jiménez sin que existiera una deuda válida, y que las notificaciones fueron enviadas a direcciones incorrectas. Indicó encima que el inmueble demolido pertenece al Concejo lugar.
Tolentino Alonzo denunció que el Tarea Sabido ejecutó la sentencia en defecto, es opinar, sin la comparecencia del supuesto deudor, quien ya había fallecido. “No se investigó la validez de los documentos presentados, y el resultado fue el desalojo y la destrucción de la vivienda de una comunidad humilde”, señaló.
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La abogada además informó que el nombre de Rafael Báez Jiménez figura en otros casos similares tanto en Santiago como en Jarabacoa, por lo que se ha destapado una investigación para determinar si se alcahuetería de una red organizada dedicada a realizar este tipo de fraudes con documentos falsos.
Báez Jiménez fue citado nuevamente para el próximo 20 de mayo a fin de continuar con las diligencias del caso.
