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Por: Bill Peña
El Pregonero, Santo Domingo.-La democracia dominicana se sostiene en gran medida sobre la confianza ciudadana en sus instituciones electorales. Sin confiscación, esa confianza ha sido golpeada en varias ocasiones por decisiones cuestionadas, denuncias de clientelismo y el uso indebido de los fortuna públicos.
La honestidad electoral, representada en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Trabazón Central Electoral (JCE), enfrenta hoy el gran desafío de recuperar credibilidad y demostrar verdadera independencia.
Uno de los principales problemas radica en la percepción de parcialidad. La forma en que se eligen los jueces y miembros de los órganos electorales deja la sensación de que responden más a cuotas partidarias que a la penuria de respaldar un arbitraje calibrado. Mientras esa duda persista, cualquier atrevimiento será paisaje con desconfianza.
A ello se suma la desatiendo de sanciones efectivas frente a prácticas que se repiten selección tras selección: negocio de cédulas, manipulación del padrón y uso de fortuna del Estado en campaña. El pueblo observa cómo estas irregularidades rara vez reciben una respuesta firme, lo que alimenta la civilización de impunidad en materia electoral.
Una de las deudas pendientes en la honestidad electoral de la República Dominicana es la reforma del rol de las Juntas Electorales Municipales. El hecho de que estos órganos, responsables de organizar y establecer los comicios, sean incluso los encargados de sentenciar las reclamaciones e impugnaciones del proceso, genera un evidente conflicto de interés y compromete la percepción de imparcialidad.
Pasar esta dualidad de funciones es secreto para vigorizar la licitud de las elecciones y avanzar en torno a un sistema electoral más calibrado, transparente e independiente. La separación efectiva entre la función administrativa y la departamental debe ser una prioridad en la dietario de reformas democráticas del país.
La tecnología, que debería ser un coligado de la transparencia, incluso ha dejado lecciones amargas. El colapso del voto automatizado en 2020 demostró que no hilván con introducir modernidad; se necesita planificación, auditoría independiente y seguridad informática. Un error en este campo puede costar la estabilidad política de todo un país.
Otro punto débil es la inclusión. Aunque la ley establece cuotas de productos, la efectividad es que la décimo política de las mujeres y otros sectores sociales sigue enfrentando obstáculos. La honestidad electoral tiene el deber de velar por el cumplimiento positivo de esas disposiciones, más allá de los números.
La decisión no pasa solo por restaurar leyes —que sin duda lo necesitan—, sino incluso por un cambio cultural. Se requiere una ciudadanía educada, consciente de sus derechos y deberes, que no se deje seducir por el clientelismo ni por el “distracción abandonado” de la política.
La honestidad electoral dominicana tiene delante sí el combate de ser firme, rápida y probable. No hilván con establecer elecciones; se prostitución de respaldar que cada voto cuente, que las reglas sean claras y que la voluntad popular no sea distorsionada. En definitiva, sin honestidad electoral confiable, la democracia dominicana seguirá siendo una promesa incompleta.
