El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a gracia de la Suministro de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el status de protección temporal (TPS) poniendo en aventura de deportación a cerca de 300,000 migrantes venezolanos.

El tribunal falló, con seis votos a gracia y tres en contra, dar la razón al Unidad de Seguridad Doméstico, y contravenir la atrevimiento de un tribunal de distrito de California que negó al Gobierno de Donald Trump la posibilidad de suspender el TPS para unos 600,000 inmigrantes.

El resolución de este viernes deja a 350,000 venezolanos en aventura de detención y deportación inmediata, mientras otros 250,000 venezolanos quedarán desprotegidos el 7 de noviembre, época en que expirará el amparo para ese conjunto, mientras que la atrevimiento podría no afectar por el momento a beneficiarios haitianos del TPS.

«Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado», indica la opinión de la mayoría en remisión a una atrevimiento aludido en el mismo caso que daba la razón al Gobierno de Trump en el mismo caso por la vía de emergencia.

Lás juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la atrevimiento de la mayoría.En su opinión contraria al resolución, Jackson aseguró que «no puedo estar de acuerdo con estas interferencias repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la báscula».

El Gobierno pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que había sido extendida por orden de un mediador federal.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles, que hace parte de los abogados demandantes, calificó el resolución como “la señal más extrema» de que la Corte Suprema «ha desaseado el derecho por la política».

El resolución del Tribunal Supremo es parte de una disputa admitido que inició contra el amparo concedido por el expresidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un anciano número de inmigrantes, que ingresaron a EEUU de forma irregular.