El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Imagine una casa en llamas donde los inquilinos, atrapados en el humo, observan impotentes cómo el extintor cuelga de la tapia… con un candado. Así funciona nuestra democracia: tenemos en la Constitución un mecanismo para apagar los incendios del mal gobierno —el referéndum—, pero carecemos de la grifo para usarlo.

La soberanía como poema sin música

La Constitución de 2015 consagró con solemnidad que la soberanía reside en el pueblo, ejercida tanto por representantes como de forma directa. El referéndum debía ser la utensilio para esa billete activa. Diez abriles posteriormente, esta promesa duerme el sueño de los justos.
Ni un solo referéndum se ha realizado. Ni consultivo, ni aprobatorio, mucho menos revocatorio. La soberanía popular, que debía ser praxis, sigue siendo poesía muerta en el texto constitucional.

Una ley que nunca despierta

En febrero de 2021, el presidente Luis Abinader anunció con encomio y platillo un plan de Ley de Referendo. El 5 de marzo lo depositó en la Cámara de Diputados. Cuatro abriles posteriormente, sigue estancado en la Comisión Permanente de la Congregación Central Electoral. El documento se limita a regular los referendos consultivos y aprobatorios, dejando fuera plebiscitos y, sobre todo, cualquier mecanismo de control positivo sobre los electos.
La Congregación Central Electoral, emplazamiento a organizar estas consultas, está atada de pies y manos: sin ley orgánica que defina plazos, trámites y requisitos, no puede convocar ni reglamentar cero.

El pared constitucional contra la revocatoria

El nudo gordiano es más profundo: nuestra Constitución prohíbe expresamente que el referéndum sirva para aprobar o revocar el mandato de autoridades electas o designadas. Dicho en liso: aunque un gobierno sea ineficiente, corrupto o impopular, el pueblo carece de herramientas legales para removerlo antiguamente de cuatro abriles.
Es como tener un timón roto en suscripción mar y resignarnos a que el barco naufrague, porque la legislatura prohíbe reparar la rueda hasta obtener al puerto.

Costo de preguntar vs. costo de callar

Organizar un referéndum cuesta entre RD$500 y RD$1,000 millones. Suena parada, hasta que lo comparamos con los agujeros de un gobierno derrochador.
El presupuesto doméstico 2025 asciende a RD$1.7 billones. Cada punto porcentual desviado en corrupción, clientelismo o duplicidades significa miles de millones perdidos.
Ese despilfarro no es un concepto indeterminado: es un hospital sin medicamentos, una escuela sin maestros, un caprichoso sin piscolabis escolar. ¿Qué resulta más caro: un acto cívico de control demócrata o cuatro abriles de incompetencia que drenan medios vitales?

El espejo internacional

Mientras tanto, los países de la región avanzan. En Costa Rica y Uruguay, la consulta popular es actos corriente. En Ecuador y Venezuela existen mecanismos de revocatoria de mandato con requisitos de 15% a 20% del padrón. En Suiza, la ciudadanía vota cada año sobre decenas de temas cruciales. En California, un dirigente fue destituido mediante referéndum en 2003.
La República Dominicana, en cambio, sigue atrapada en promesas incumplidas. Nuestra democracia, que pudo ser brújula, es hoy un temporalizador sin manecillas.

La impunidad como norma

A esto se suma un contexto de impunidad crónica. Desde los escándalos de los Papeles Pandoraque salpicaron al propio presidente, hasta múltiples casos de contrataciones irregulares y clientelismo, los altos funcionarios rara vez enfrentan consecuencias. La razón llega tarde, o no llega. Y cuando el ciudadano no tiene herramientas legales para exigir cuentas, la corrupción se vuelve un impuesto no patente.

Responsabilidad colectiva

Pero no podemos cargar toda la falta al poder político. La sociedad además es responsable: hemos tolerado el “enchufe”, el clientelismo y el parcialidad como sustitutos de la meritocracia. Mientras los ciudadanos reclaman, pero no actúan, el sistema sigue inmaculado.
El referéndum revocatorio no sería una panacea, pero sí un recordatorio de que el cargo es un servicio, no un saqueo.

El pimpollo de emergencia demócrata

La opción requiere tres pasos:

1. Aprobar de inmediato la Ley Orgánica del Referéndum.
2. Impulsar una reforma constitucional que incluya la revocatoria de mandato tras dos abriles de entrenamiento.
3. Disminuir el tamaño del Estado, eliminando duplicidades y clientelismo, para cambiar más en vitalidad, educación y ciencia, y menos en nóminas partidarias.

Falleba

El referéndum no es un boato, es el pimpollo de emergencia de la democracia. No se comercio de regentar por plebiscito, sino de dar a los ciudadanos un freno de mano cuando el carro del Estado se dirige al precipicio.

Cada peso robado es un plato malogrado en la mesa de una tribu. Cada día sin mecanismos de control es un año más de desconfianza acumulada.
Es hora de despertar la soberanía popular. No para el capricho de unos pocos, sino para la dignidad de todos.

Jpm-am