“La imparcialidad cuando es tardía no es imparcialidad”, reza una máxima jurídica. En República Dominicanala mora sumarial y la sobrepoblación carcelaria se han convertido en dos de los problemas más graves de nuestro sistema de imparcialidad. Resolverlos no es solo un asunto chupatintas: es una obligación frente a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Recientemente participé en una delegación de jueces, periodistas y comunicadores invitados por el Poder Jurídico dominicano a conocer el sistema de Puerto Rico. La experiencia dejó lecciones valiosas sobre cómo acelerar los procesos y devolver confianza a la imparcialidad.

Lo que más me impresionó fue la normalización de los acuerdos judiciales. Entre el 90 % y 95 % de los casos civiles y penales en Puerto Rico se resuelven por esta vía, evitando juicios prolongados. La jueza Carmen Oteroadministradora de la Región Jurídico de Bayamón, lo resumió de forma sólido: resulta “inconcebible” que un caso entre a un tribunal sin ayer intentar un arreglo.

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La existencia dominicana es muy distinta. Según explicó la magistrada Smirna Giselle Merndezaquí al punto que el 13 % de los procesos se resuelve con acuerdos, pese a que están contemplados en el Código Procesal Penal. Esta figura, que permite al imputado conceder los hechos y negociar con el Servicio Conocidono solo descongestiona los tribunales, sino que argumenta a un enfoque reparador: compensar y devolver lo robado, más allá de castigar.

En Puerto Rico, el impacto es visible. Distritos como Bayamón o Caguas transmiten orden y fluidez, en contraste con el desbordamiento que caracteriza a muchos tribunales dominicanos. Es importante aclarar que no todos los delitos califican para acuerdos —armas de fuego o casos contra menores quedan fuera—, pero incluso con esas limitaciones, la eficiencia es sobresaliente. Adicionalmente, este mecanismo protege tanto a víctimas como a imputados de procesos largos y costosos, y permite a los jueces enfocarse en casos de longevo trascendencia.

Otro formación secreto fue la incorporación de tecnología. Puerto Rico utiliza expedientes electrónicos, consultas en partidura y distribución digital de casos. En materia civil, el 90 % de las audiencias se realiza de forma supuesto, nos explicó la jueza Bajo Colón.

En República Dominicana, cuando se intentó aplicar este maniquí, surgieron resistencias. Sin retención, los abogados puertorriqueños han comprobado las ventajas: pueden participar en varias audiencias en un mismo día sin importar la distancia, reduciendo costos y tiempos. La digitalización, acompañada de voluntad política y capacitación, demuestra ser un camino viable para modernizar la imparcialidad.

El rol del Servicio Conocido además marca diferencias. En Puerto Rico, las solicitudes de medidas de coerción y las actas de denuncia rara vez superan una página. Aquí, en cambio, los expedientes suelen convertirse en “mega-expedientes ” de cientos de páginas, con el objetivo de “sobreprobar” los casos, especialmente en materia de corrupción. Entiendo que lo que se sondeo es acorazar los procesos contra jurisprudencias adversas, pero la experiencia termina jugando en contra: genera retrasos que las defensas aprovechan y multiplica los aplazamientos.

La judicatura además debe encargarse responsabilidad. No baste con leyes modernas si las audiencias se convierten en escenarios de aplazamientos injustificados. El conveniente proceso no puede ser excusa para tolerar tácticas dilatorias que perpetúan la mora sumarial.

Esta visitante a Puerto Rico dejó claro que sí es posible un sistema sumarial más ágil y apto. Pero lograrlo requiere que todos los actores —jueces, fiscales, abogados, y además la ciudadanía— impulsen cambios de mentalidad y experiencia.

La mora sumarial y la sobrepoblación carcelaria no solo afectan a quienes hoy enfrentan un proceso penal. Son una amenaza implícito para cualquiera de nosotros y minan la credibilidad institucional.

Necesitamos una imparcialidad moderna, garantista y humana, que no se eternice en expedientes ni en aplazamientos, sino que resuelva con ligereza y equidad. Porque al final, de mínimo sirve tener tribunales y leyes si los procesos se vuelven interminables. Y es que, como recuerda la máxima jurídica: cuando la imparcialidad es tardía, ya no es imparcialidad.