En Babilonia, el Código de Hammurabi ya mencionaba la importancia de documentar acuerdos por escrito. Esta actos de registrar convenios evolucionó a lo generoso de los siglos hasta datar a los tabelliones romanos (siglo I a. C.), quienes eran escribas públicos que validaban contratos con valencia probatorio, oficio que antecedió a la figura del actuario que conocemos hoy.

No obstante, esta metodología de subsistencia documental no ha estado exenta de falencias. En 1911, en la República Dominicana, se promulgó la Ley sobre División de Terrenos Comuneros, la cual pretendía eliminar la copropiedad existente en los terrenos compartidos. Esta ley es considerada la primera iniciativa del Estado dominicano para regular la propiedad inmobiliaria.

Durante todo el siglo XX, esta y otras normativas fueron fortaleciendo las regulaciones del sector. En 2005, el progreso de nuevas tecnologías permitió la implementación de sistemas digitales de mediciones y GPS para determinar la ubicación precisa de los terrenos. Sin incautación, estos avances no fueron suficientes para evitar la duplicidad de títulos ni estafas inmobiliarias de todo tipo.

¿Qué es blockchain y cómo puede ayudar esta tecnología? En 1982, un criptógrafo y matemático teórico llamado David Chaum propuso por primera vez un protocolo colo similar a la esclavitud de bloques, cuya finalidad era avalar que las marcas de tiempo en los documentos no pudieran ser alteradas. Primaveras más tarde, el primer blockchain fue implementado por Satoshi Nakamoto en 2009 como un componente central de la criptodivisa Bitcoin, donde sirve como registro conocido de todas las transacciones realizadas.

En términos llanos, la blockchain es un tomo de contabilidad digital distribuido (con muchas copias), que es inmutable y transparente. Funciona de tal forma que, cada vez que se registra un cambio, este se replica automáticamente en todas las copias del tomo digital, asegurando que todos los nodos mantengan la misma información. Así se evita que datos no verificables entren al sistema. Imaginemos que el ciudadano Juan posee el título de una propiedad y desea venderla.

Cuando Juan le vende a Pedro, se genera un registro único, verificable y rastreable en toda la red de nodos. De esta forma, un tercero no podría alegar que el título pertenece a él, ya que es muy sencillo comprobar a quién corresponde, de modo rápida y sin complejidades burocráticas. La implementación de esta tecnología no solo brinda garantías entre las partes, sino que asimismo automatiza los impuestos asociados a las transacciones inmobiliarias.

Mediante el uso de contratos inteligentes, instituciones como la Dirección Genérico de Impuestos Internos (DGII), Catastro, el Sotabanco Central o la Atribución Inmobiliaria pueden tener acercamiento directo y auditable al sistema. Asimismo, el ciudadano podría demostrar propiedades en un portal basado en blockchain, lo cual desincentivaría el fraude y protegería a los más vulnerables: adultos mayores, compradores primerizos y migrantes.

El Estado debería portar en dirección a contratos inteligentes en los títulos inmobiliarios para avalar transparencia, seguridad y eficiencia en el registro y transferencia de propiedades. Al usar tecnología blockchain, se reducirían los fraudes, la falsificación de documentos y la burocracia, permitiendo transacciones automatizadas y verificables en tiempo vivo.

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