La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Legislativo de Servicios de Atención Permanente del Distrito Doméstico, impuso la confusión de este domingo medidas de coerción contra seis integrantes de una presunta red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.

El Servicio Divulgado había solicitado que se les impusiera 18 meses de prisión preventiva a los imputados, como medida de coerción, y que se declarara el caso enrevesado. Sin incautación, la jueza Veloz dispuso una señal económica de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes; y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Cross.

Adicionalmente, les dictó presentación periódica, impedimento de salida del país y declaró el caso de tramitación compleja.

Durante la audiencia, el Servicio Divulgado expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.

Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.

El víscera acusador estuvo representado por los procuradores de corte Pedro Amador, Pelagio Alcántara y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Dispositivo de Propiedad Intelectual (UPI); los procuradores fiscales Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología (Pedatec) y la procuradora fiscal titular del Distrito Doméstico, Rosalba Ramos, así como las fiscales Lauridelissa Aybar Jiménez, de la Dispositivo de Comercio Ilícito adscrita a la UPI; Katiuska Serulle Serulle, enlace de la UPI, y Marineldy Peña, encargada del Sección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología.

La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección Genérico de Persecución del Servicio Divulgado, con la décimo de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Doméstico y la Dispositivo de Investigación Criminal (UIC).

Asimismo, colaboraron el Sección de Investigación de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología (Dicat) y la División Particular de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Doméstico, con el apoyo internacional del Sección de Probidad y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Doméstico (HSI) de los Estados Unidos.

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